La Fiscalía Suprema dispuso la reapertura de la investigación penal contra el fiscal suspendido Rafael Vela, José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti, por la presunta comisión del delito de cohecho tras la denuncia presentada en febrero de 2024 por el abogado Luis Miguel Caya sobre un presunto cerco criminal contra el expresidente Alan García.
El dictamen se fundamenta en un informe de 204 páginas elaborado por el fiscal supremo Edward Casaverde, el cual plantea que los fiscales habrían entregado información reservada a la ONG IDL-Reporteros a cambio de cobertura mediática favorable y puestos docentes universitarios.
El esquema de presunta cooperación con IDL y la postura de los denunciantes
De acuerdo con la hipótesis fiscal, habría existido un acuerdo sistémico entre los magistrados del equipo especial Lava Jato y los periodistas de la mencionada organización no gubernamental. La investigación señala que, a cambio de la filtración de documentos confidenciales de los procesos en curso, la ONG habría brindado respaldo mediático continuo y defensa pública a favor de los fiscales.
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Adicionalmente, un informe de una Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos sostiene que Vela y Pérez habrían obtenido beneficios directos, como contrataciones docentes en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) entre los años 2021 y 2023.
Para el denunciante Luis Miguel Caya, estas acciones buscan esclarecer los hechos ocurridos durante las pesquisas al expresidente Alan García y garantizar que no existan interferencias ni impunidad dentro del sistema de justicia penal.
Respuestas de las partes y señalamientos sobre una eventual solicitud de asilo
Ante las acciones dispuestas por el Ministerio Público, el fiscal José Domingo Pérez rechazó las imputaciones y atribuyó la reapertura a presiones políticas ligadas a la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, vinculando el hecho con el desarrollo de los juzgamientos por el caso Cócteles.
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Por su parte, la defensa legal del caso descartó cualquier direccionamiento político en las decisiones del Ministerio Público y sostuvo que las declaraciones de Pérez reflejan el avance de la investigación.
Asimismo, Caya afirmó que los recientes pronunciamientos públicos del magistrado formarían parte de una estrategia para justificar un pedido de asilo diplomático en la Embajada de Brasil, medida que también alcanzaría a Rafael Vela y Gustavo Gorriti. Mientras tanto, las diligencias en el fuero supremo continúan su curso para determinar la responsabilidad penal de los investigados.
