El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N° 32181, que prohíbe la detención preliminar y la prisión preventiva a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que empleen sus armas de fuego de manera reglamentaria.
De acuerdo con la norma, publicada en el diario oficial El Peruano, establece que el juez de la investigación preparatoria puede dictar un mandato de detención preliminar a solicitud del fiscal, para lo cual se requiere una resolución motivada y basada en actuaciones previas.
Asimismo, se limita la capacidad del fiscal y del juez para dictar detención preliminar o prisión preventiva cuando los policías, “en el ejercicio de su función y uso reglamentario de armas”, causen lesiones o muertes.
Para tal efecto, se incorporan los artículos 261-A y 268-B, que refuerzan estas restricciones al prohibir al fiscal solicitar medidas preventivas contra el personal policial bajo las mismas circunstancias.
Además, se establece que los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288° o del artículo 290° del Nuevo Código Procesal Penal.
Por ende, se incorpora el párrafo tercero al artículo 22° del Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, relativo a la responsabilidad restringida por la edad.
La norma lleva la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén.
