Con miras a las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el Estado peruano activó la franja electoral. Este mecanismo busca que las organizaciones políticas difundan sus planes de gobierno en igualdad de condiciones. La ONPE administra este espacio financiado con recursos públicos para evitar la contratación de publicidad privada.
La propaganda electoral se difundirá desde el 11 de febrero hasta el 9 de abril de 2026. Los ciudadanos podrán ver y escuchar estas propuestas en radio, televisión y redes sociales. El horario establecido por la autoridad electoral es rotativo, abarcando desde las 06:00 hasta las 23:00 horas.
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Los desafíos en el uso de los fondos
Para este proceso, se han destinado 80 millones de soles del presupuesto público. Un total de 38 agrupaciones, entre partidos políticos y alianzas, participan de esta distribución. En medios digitales como Facebook, Instagram y YouTube, el reparto es igualitario, otorgando más de 229 mil soles a cada grupo.
En el caso de la televisión y radio, la mitad del dinero se reparte de forma equitativa. La otra mitad se asigna proporcionalmente según la representación en el Congreso. Los partidos nuevos reciben un monto base equivalente a la organización con menor presencia legislativa, asegurando un piso mínimo de exposición.
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Caso franja electoral
El escándalo de la franja electoral en las Elecciones 2026 estalló tras denunciarse el presunto direccionamiento de fondos públicos hacia el canal Nativa Televisión. Se reveló que Miguel del Castillo, fundador del partido Primero La Gente, habría gestionado que más de 460,000 soles de la franja de su propia agrupación se asignaran a dicho medio de comunicación, del cual fue propietario.
Esta controversia no se limitó a un solo partido, pues se estima que otras cinco organizaciones políticas también canalizaron recursos significativos hacia la misma plataforma televisiva. En total, Nativa Televisión habría recibido aproximadamente 2.4 millones de soles provenientes del presupuesto estatal administrado por la ONPE, lo que levantó sospechas sobre un posible conflicto de intereses en la distribución.
Ante la gravedad de los cuestionamientos y la presión interna de su partido, Miguel del Castillo presentó su renuncia a la candidatura a la Cámara de Diputados por Lima a inicios de febrero. Aunque el dirigente negó que su dimisión estuviera vinculada al manejo de la franja, alegando que buscaba otros espacios de gestión, el hecho generó una crisis de imagen para la fórmula presidencial encabezada por Marisol Pérez Tello.
Actualmente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene bajo evaluación los planes de medios presentados por las agrupaciones para asegurar que el financiamiento público indirecto cumpla con la normativa de transparencia. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de selección de medios, sugiriendo que los sorteos evitarían acuerdos directos que puedan favorecer intereses particulares.
