La Fiscalía de la Nación anunció este viernes que presentó denuncia constitucional ante el Congreso contra el vacado expresidente Pedro Castillo, recluido en el Penal Barbadillo por su fallido golpe de Estado.
De acuerdo con el MP, el exdignatario ha sido acusado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
La denuncia también pesa sobre los congresistas de Acción Popular denominados ‘Los Niños’: Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos, Karol Paredes y Carlos Alva.
Los mencionados son acusados por los delitos de organización criminal, tráfico de Influencias y/o alternativamente cohecho pasivo impropio.
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Asimismo, la denuncia constitucional también comprende a los parlamentarios de Perú Libre – Bloque Magisterial: German Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Nivardo Tello y Américo Gonza, por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
También incluye a Juan Francisco Silva, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; Jorge Luis Prado, entonces ministro de la Producción, por los delitos de organización criminal y negociación incompatible; Betssy Chávez, en su calidad de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por el delito de negociación incompatible.
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CASTILLO HABRÍA LIDERADO ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Los hechos están referidos a que el expresidente Castillo Terrones habría liderado la presunta organización criminal integrada por los congresistas y ministros denunciados con el fin de negociar votos congresales a cambio direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Producción; así como en organismos públicos descentralizados; Superintendencia Nacional de Migraciones, Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos.
