Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Dina Boluarte y Patricia Benavides por presunto intercambio de favores

El Ministerio Público sustenta que no se encontró elementos para realizar una denuncia constitucional.

abril 24, 2025 –
21:30.
Actualizado en abril 24, 2025 –
22:22.
Foto captura de pantalla

La Fiscalía determinó archivar la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, como presuntas autoras del presunto delito de cohecho activo en agravio del Estado.

El Ministerio Público detalló que no se encontraron elementos suficientes para formular una denuncia constitucional contra la extitular de esta entidad judicial y la jefa de Estado.

La resolución también dejó en claro, que, si con el tiempo llegaran a aparecer nuevos elementos de prueba que ayuden al esclarecimiento de los hechos, mientras que la acción penal no prescriba, es posible desarchivar los actuados y ejercer la respectiva acción penal.

Como se recuerda, el último miércoles 23 de abril, en el programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’, Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria, reveló, en exclusiva, que el Ministerio Público les había notificado el archivamiento del caso donde estuvo involucrada su patrocinada.

“La pregunta que ahora nos hacemos es: ¿qué va a pasar con Jaime Villanueva y con todas declaraciones y colaboraciones. Este caso de archivado porque la Fiscalía no encuentra mayor detalle, mayor prueba”, indicó la periodista Milagros Leiva.

¿Cómo surgió esta denuncia?

En julio del año 2024, Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, sostuvo que Dina Boluarte y Patricia Benavides -cuando era titular del Ministerio Público- se reunieron cuando la mandataria acudió a la Fiscalía para declarar en la investigación sobre los muertos y heridos registrados durante las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.

Según Villanueva, en ese encuentro, Benavides le pidió a Boluarte Zegarra que no removiera al general PNP Raúl Alfaro de su cargo de comandante general de la Policía Nacional, a cambio de no presentar una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso de la República.

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