El pasado miércoles 29 de mayo de 2024 se instaló la audiencia virtual por Google Meet a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria sobre tutela de derechos solicitada por la defensa de José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de delito de cohecho pasivo en agravio del Estado.
Aquella vez, el fiscal Domingo Pérez pensó que no se notaría que estaba en su oficina, aquella que pagamos todos los peruanos. No había solicitado licencia alguna, ni permiso. Es decir, estaba en horario de trabajo y además trató de ocultar los detalles del lugar para no ponerse en evidencia.
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PIDEN CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN A DOMINGO PÉREZ
Para el fiscal superior Reggis Oliver Chávez Sánchez, Pérez añade una perla más al collar que carga estos últimos años.
El informe 04-2025-1 remitido a la fiscal de la Nación, este último 12 de marzo, es contundente y su conclusión dice: “Opina que es fundado autorizar el ejercicio de la acción penal, formalización y continuación de la investigación preparatoria contra el magistrado José Domingo Pérez Gómez por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso“.
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La disposición fiscal, de 25 páginas, adjunta el contundente informe de SERVIR que contiene la guía de funciones, de lo que un fiscal probo debe y no debe hacer. Pero, en los últimos ocho años, José Domingo Pérez ya nos tiene acostumbrados a su histrionismo y sus señalamientos sesgados. Esto le ha valido que le inicien una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
En un acto de rebeldía o desacato y desinterés por la denuncia y ante la solicitud del fiscal superior titular de la Primera Fiscalía de Delitos de Corrupción de funcionarios, José Domingo decidió, como dice el informe, no colaborar con la investigación.
“No obstante, de haber sido convocado por esta fiscalía a prestar declaración indagatoria los días 27 de enero y 14 de febrero del año en curso, José Domingo Pérez no concurrió a prestar la declaración pese a estar debidamente notificado”, se lee en el documento fiscal.
SERVIR ACLARA QUE NINGÚN FUNCIONARIO PUEDE APROVECHARSE DE LOS RECURSOS DEL ESTADO
El informe es contundente y evidencia el delito de peculado de uso, al utilizar horas de su trabajo como fiscal y mobiliario de propiedad del Estado, para su defensa privada, pero esta es solo una puerta que se abre a una gran pesquisa que se le sigue al ahora cuestionado fiscal.
La norma de SERVIR es clara y sus conclusiones también: ningún funcionario público puede aprovecharse indebidamente de los recursos que el Estado le brinda, una vez más José Domingo Pérez en el ojo de la tormenta y sigue mudo.
