Política
'ContraCorriente' expone presunta conspiración organizada para desviar sistemáticamente activos en fondos de jubilación.
1 de octubre del 2023 | 21:17 Hrs.Un nuevo escándalo de presuntos actos de corrupción sacude las Fuerzas Armadas, y esta vez los que alzan su voz contra los altos mandos militares son los trabajadores civiles que laboran en los cuarteles del Ejército, quienes denuncian que oficiales del ejército se están apropiando ilegalmente de sus fondos de cesación.
Un informe confidencial de la Inspectoría del Ejército, difundido por 'ContraCorriente', revela una presunta conspiración organizada para desviar sistemáticamente activos en el fondo de jubilación de los trabajadores no militares.
Este capital es un fondo previsional, es decir, cumple una función similar a la ONP o AFP. Desde su creación en 1977, hace 46 años, ha estado bajo la supervisión de altos rangos militares y ningún personal civil ha podido fiscalizar qué se hace con los fondos.
En el país, más de 5 mil trabajadores civiles ejercen sus labores en los cuarteles del Ejército. Hasta la fecha, la cantidad acumulada por los descuentos aplicados a los trabajadores asciende a 241 millones de soles.
Desde su creación del fondo, los reglamentos de administración de este dinero, destinado al seguro de retiro y cesación de los empleados civiles, han sido modificados por cada administración desde 2009.
El artículo 17, establece que el directorio es el órgano de dirección del más alto nivel, encargado de establecer y conducir la política de los fondos, en armonía con la política de bienestar del comando, en concordancia con los alcances de la ley. En 2015, el mismo artículo estable lo mismo, pero en 2017 este artículo es modificado para beneficio de los oficiales del Ejército, que son los administradores del fondo.
Los miembros del directorio del fondo percibirán una dieta de 1500 soles por sesión, con un máximo de 2 dietas al mes, independientemente de cuántas sesiones se realicen en ese período.
El Informe de Inspección N.° 002 revela cómo altos oficiales habrían preparado el terreno para prácticas turbias en la administración de estos fondos. Se han formulado graves acusaciones contra el general Julio César Amable Molina, expresidente ejecutivo del fondo, y el coronel en retiro Óscar Collantes Odor, cuyas acciones financieras están bajo escrutinio y cuestionamiento.
El informe es contundente: se destapa un torrente de pagos inusuales al personal de inspectoría, bajo la argucia de "asignación extraordinaria por asesoría".
En otras palabras, aquellos responsables de mantener el orden se llenaban los bolsillos con un suculento extra entregado por quienes debían vigilar celosamente. El pago está prohibido por ley.
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