El congresista Edward Málaga cuestionó este sábado los reiterados pedidos del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para realizar un reconteo de votos y revisar determinadas actas electorales de la segunda vuelta de 2026.
A través de una publicación en redes sociales, el parlamentario sostuvo que el aspirante al Poder Ejecutivo debió pronunciarse tiempo atrás sobre las graves irregularidades denunciadas durante la primera vuelta si realmente buscaba defender la voluntad de los electores.
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La declaración surge en un contexto de alta tensión, marcado por la estrecha diferencia entre Sánchez y Keiko Fujimori en los resultados oficiales procesados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), así como por los recursos que continúan siendo evaluados por las autoridades competentes.
Los pedidos de Roberto Sánchez
En los últimos días, Roberto Sánchez ha intensificado sus cuestionamientos al proceso electoral. El postulante de Juntos por el Perú ha solicitado una revisión más amplia de los resultados y ha insistido en la necesidad de esclarecer supuestas irregularidades detectadas en determinadas mesas de sufragio.
Asimismo, su agrupación política ha promovido recursos de nulidad de actas electorales y ha solicitado apoyo económico a sus simpatizantes para financiar el pago de las tasas requeridas por dichos procedimientos legales.
La postura del candidato se ha producido luego de conocerse que la ONPE culminó el procesamiento del 100 % de las actas nacionales y del extranjero correspondientes a la segunda vuelta presidencial.
Edward Málaga cuestiona el momento de los reclamos de Sánchez
Frente a este escenario, Edward Málaga publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, donde criticó la posición asumida por Sánchez y cuestionó que recién ahora exprese preocupaciones sobre la transparencia del proceso electoral.
“Es muy tarde para lamentos. Si a Sánchez le importase la voluntad popular, debió alzar la voz el 12 de abril y condenar al JNE por ningunear el derecho al libre sufragio de cientos de miles de electores —inclusive en su propio local de votación—, ignorando citaciones y pedidos de información del Congreso, ocultando, falseando y distorsionando información”, escribió.
El parlamentario continuó su reflexión señalando que el actual candidato todavía tendría mecanismos legales para exigir explicaciones sobre los hechos que considera irregulares.
“Como congresista, aún podría hacerlo. Hasta podría presentar un amparo y medida cautelar para suspender el proceso hasta no esclarecer qué pasó con los derechos fundamentales de tantos ciudadanos. Pero claro, si hubiese defendido esa verdad, él probablemente no habría llegado al balotaje”, añadió.
Es muy tarde para lamentos. Si a Sánchez le importase la voluntad popular, debió alzar la voz el 12 de abril y condenar al JNE por ningunear el derecho al libre sufragio de cientos de miles de electores -inclusive en su propio local de votación-, ignorando citaciones y pedidos de…
— Ed Málaga-Trillo 🇵🇪 (@EdMalagaTrillo) June 13, 2026
Las controversias de la primera vuelta
La fecha mencionada por Málaga corresponde al proceso electoral de primera vuelta, celebrado el 12 de abril, jornada que continúa siendo objeto de cuestionamientos por parte de distintos actores políticos y sectores de la sociedad civil.
Según los críticos de aquella etapa, existieron situaciones que afectaron el ejercicio pleno del derecho al sufragio y que merecían una investigación más profunda por parte de las autoridades electorales.
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Precisamente, el congresista sostiene que las preocupaciones sobre la transparencia del sistema debieron plantearse desde ese momento y no únicamente cuando los resultados de la segunda vuelta muestran una competencia ajustada.
El resultado final aún depende de las autoridades electorales
Aunque la ONPE ya concluyó el procesamiento de la totalidad de las actas electorales, el desenlace oficial de los comicios todavía no ha sido definido. La diferencia entre ambos aspirantes permanece estrecha y existen expedientes pendientes de resolución.
Por esa razón, serán las instancias de justicia electoral las encargadas de revisar las actas observadas, evaluar los recursos presentados por las organizaciones políticas y determinar los resultados definitivos de la elección presidencial.
