La gestión de la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), que incluyó a miembros como Inés Tello y Aldo Vásquez, ha finalizado tras cinco años. Este periodo ha estado marcado por cuestionamientos sobre su productividad, inacción y labor.
La JNJ fue una entidad creada y elegida durante el periodo de gobierno de Martín Vizcarra. Esta junta asumió las funciones del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El objetivo era reformar el sistema, pero la JNJ enfrenta críticas por no haber terminado con la provisionalidad en el sistema judicial. Los señalamientos apuntan a que no se habrían implementado los filtros ni los criterios necesarios para seleccionar a los mejores perfiles.
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Diversos sectores de la opinión pública han solicitado una reforma del sistema judicial y fiscal. Litigantes, emprendedores y ciudadanos han manifestado sentir el “descalabro judicial”.
Junta Nacional de Justicia (JNJ) se habría politizado
Carlos Mesia opinó que la JNJ se habría politizado. Señaló que la entidad habría perdido la esencia de su función, que es elegir abogados probos, por una “concepción ideológica”.
Asimismo, agregó que la JNJ “no ha hecho bien su función”. Atribuyó esto a razones políticas y a la presunta intención de seleccionar jueces afines a una “inclinación ideológica”.
Por su parte, Aníbal Quiroga también se refirió al sistema de selección. Afirmó que el sistema estaría diseñado para que “los verdaderos no participan”.
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JNJ sin filtros: casos desatan debate público
La gestión de Aldo Vásquez, Inés Tello, Imelda Tumialán y los demás miembros de la anterior junta es analizada por su criterio en la elección de magistrados. Dos casos específicos han resaltado en el debate público: el del fiscal José Domingo Pérez y el de la fiscal suprema Patricia Benavides.
José Domingo Pérez
En el primer caso, el fiscal José Domingo Pérez acumula 10 años sin pasar por un proceso de ratificación o evaluación de conocimientos. Esta información se obtuvo mediante un pedido de transparencia. El reporte indica que la situación del fiscal figura como “evaluación pendiente” desde hace una década.
Esta situación contrasta con la normativa vigente, que exige a la JNJ evaluar a todos los magistrados cada 7 años. La ley es clara y aplica a todos por igual. El proceso de evaluación debe medir la actuación del magistrado, tanto en el ámbito académico como en el emocional, a través de una entrevista personal.
Se atribuye a la “Junta Nacional de Martín Vizcarra” haber omitido su labor de evaluar a Pérez Gómez.
Paralelamente, la actuación del fiscal José Domingo Pérez ha sido objeto de análisis. El 20 de octubre, un “mega juicio” se vio afectado. Se cuestiona cómo un fiscal pudo tipificar el delito de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial, cuando este no era delito en la fecha de los hechos. Este caso estaba relacionado con Keiko Fujimori.
Nombramiento de Patricia Benavides
El segundo caso notorio involucra a la fiscal suprema Patricia Benavides. Los cuestionamientos apuntan a que la JNJ no aplicó un “filtro fino” durante su proceso de selección. Se reporta que Benavides habría “timado” a la junta. La controversia se centra en su tesis, sobre la cual ahora se conoce que tendría un presunto plagio superior al 87%.
Patricia Benavides fue nombrada fiscal suprema por “obra y gracia de este ramillete de magistrados”. Sobre este punto, Carlos Mesia insistió en que la JNJ “no ha cumplido con su labor fundamental”. Mencionó que algunos postulantes “ni siquiera han aprobado los exámenes de la junta”.
La situación de la provisionalidad y la selección de magistrados sigue siendo un tema central. Actualmente, se argumenta que la falta de nombramiento de magistrados titulares responde a una falta de presupuesto. Esta problemática está ahora en manos de la actual composición de la Junta Nacional de Justicia.
