La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres (Alianza para el Progreso), rechazó que el Parlamento actúe con arbitrariedad en el proceso de denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.
A través de un oficio enviado a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), la parlamentaria apepista remarcó que el Legislativo “actúa en el ejercicio de sus prerrogativas consagradas en la Constitución“, de modo que no puede ser entendido como un “golpe de Estado parlamentario”.
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“Como se observa, el Congreso actúa en el ejercicio de sus prerrogativas consagradas en la Constitución, el ejercicio de estas no puede ser entendido como una arbitrariedad ni menos como un golpe de Estado parlamentario”, subrayó Torres.
Rosío Torres recuerda, asimismo, que Boluarte, quien acudió a la CIDH para suspender el proceso en su contra en el Parlamento, infringió el artículo 126 de la Carta Magna al gestionar permisos para el Club Departamental Apurímac.
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