El Gobierno de Dina Boluarte presentó una iniciativa ante el Congreso para endurecer las penas de delitos que se cometan durante un estado de emergencia.
A través de una carta enviada al titular de la Mesa Directiva, José Williams, se indica que la finalidad de esta propuesta es "reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados cometidos durante la vigencia de un estado de emergencia".
En la exposición de motivos, se citó al Tribunal Constitucional, que explica que el derecho fundamental a la manifestación existe, pero aquel no ampara el uso de la violencia como fin o mecanismo.
El TC también advierte que "los autores de los desmanes, actos violentos o delitos deben ser sancionados sin reprimir a todos los que participan de la protesta".
De esta manera, la violación de domicilio pasa de tener una pena no mayor a 2 años de prisión a entre 2 y 4 años. Si se obstaculizan vías de comunicación o se impide el libre tránsito, ya no tendría una pena de entre 5 a 10 años, sino de 6 a 10 años.
Mientras que, las formas agravadas de usurpación pasan de entre 5 y 12 años a entre 8 y 15 años. Por el daño agravado a un inmueble ajeno pasa de entre 1 y 6 años de cárcel a entre 4 y 8 años de cárcel. Por último, la del peligro por medio de incendio o explosión pasa de entre 3 y 10 años de cárcel a entre 4 y 12 años.
