Dina Boluarte: informe final propone archivar denuncia contra presidenta por caso Rolex

El documento sustenta que no se puede acusar al presidente en función por causas que no están en el artículo 117 de la Constitución.

abril 10, 2025 –
16:26.
Actualizado en abril 10, 2025 –
16:31.
Dina Boluarte en caso Rolex

La fujimorista Nilza Chacón elaboró el informe final de la denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el caso Rolex y propone que este pase al archivo.

En el documento remitido a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, María Acuña de APP, se recomienda no proceder con la acusación.

La parlamentaria Chacón sustenta que en el artículo 117 de la Constitución se establece que el presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, impedimento de elecciones, disolución inconstitucionalmente del Congreso y por impedir el funcionamiento del mismo o del sistema electora.

“Analizados los hechos y el marco legal vigente, es constitucionalmente correcto y, además, obligatorio desde una perspectiva de control de legalidad, que esta Subcomisión declare la no procedencia de la acusación en evaluación, ya que los hechos imputados no están previstos en el artículo 117 de la Constitución y la denunciada, Presidenta de la República, viene ejerciendo funciones”, señala en el escrito.

“Considerando que la imputación no se enmarca dentro de estos supuestos y que la presidenta continúa ejerciendo sus funciones, formular acusación vulneraría el principio de legalidad que rige las actuaciones del Congreso. Esto implicaría ignorar una prohibición expresa contenida en la Carta Magna”, añade.

Vale mencionar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá y votará este informe final.

“Eventuales fines políticos”

Asimismo, la legisladora Chacón plantea que el Congreso puede evaluar si el exfiscal Juan Carlos Villena incurrió en una infracción constitucional por haber usado su función para promover dicha acusación constitucional “con eventuales fines políticos”.

“El Congreso de la República podría evaluar si la Fiscalía de la Nación incurrió en infracción constitucional, por haber utilizado indebidamente su función para promover el procedimiento de una acusación constitucional expresamente prohibida, con eventuales fines políticos”, indica en el texto.

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