Una reciente deflagración de gas natural en la zona KP 43, en la ceja de selva de Cusco, ha encendido las alarmas sobre la seguridad en la infraestructura de hidrocarburos. El incidente ocurrió durante labores de mantenimiento realizadas por la empresa contratista CMG, obligando al personal a escapar por el bosque.
Aunque los trabajadores se encuentran estables, las imágenes muestran daños severos en la vegetación y maquinaria de la zona de Megantoni. Este evento ha puesto en duda la capacidad de respuesta técnica del Estado frente a emergencias en sectores de alta complejidad.
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Injerencia política en el Ministerio de Energía y Minas
Expertos señalan que la crisis actual es consecuencia de una gestión inadecuada de recursos humanos en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Según el ex viceministro Arturo Vásquez, existe una preocupante fuga de talentos especializados en electricidad, minería e hidrocarburos.
Se denuncia que, desde el gobierno de Pedro Castillo, cargos clave han sido ocupados por personas con carné partidario de Perú Libre. Esta práctica habría continuado en 2026, afectando la toma de decisiones técnicas y priorizando compromisos políticos sobre la eficiencia operativa.
El expresidente de Petroperú, Oliver Stark, calificó al sector como un “botín” para las agrupaciones políticas. Stark sostiene que la injerencia política llega incluso a la Presidencia de la República, interfiriendo en planes financieros que deberían ser estrictamente profesionales.
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Tras deflagración en Cusco: riesgos en el abastecimiento y transporte de gas
La emergencia en Cusco evidencia la falta de redundancia en el transporte de gas. Al depender de un solo ducto principal, cualquier falla técnica pone en riesgo el suministro para sectores críticos como el Metropolitano y los corredores complementarios en Lima.
Representantes del Corredor Rojo reportan largas colas en los grifos para abastecerse de GNV. Existe incertidumbre sobre si las reservas garantizadas por el gobierno serán suficientes para cubrir los 14 días que durarían las reparaciones en la zona del siniestro.
Actualmente, el Estado enfrenta el reto de negociar la ampliación de la concesión con TGP hasta el 2043. La prioridad técnica reside en extender la infraestructura hacia el sur, un proyecto estancado tras la paralización del Gasoducto Sur Peruano.
