El Congreso de la República abrió una jornada clave al validar un informe final que podría marcar un antes y un después en la carrera de Delia Espinoza. La suspendida fiscal de la Nación enfrenta ahora un escenario más complejo dentro del Parlamento.
La discusión se centró en las denuncias constitucionales 563 y 618, acumuladas en un solo expediente, y que fueron aprobadas con 10 votos a favor y una abstención bajo la presidencia del legislador Jorge Montoya.
Acusaciones bajo la lupa
El documento examina la actuación de Espinoza tras presentar la denuncia constitucional 549 contra once congresistas que integraron la Comisión de Defensa Nacional durante el período 2021-2022. Para los denunciantes, esta acción excedió sus competencias como titular del Ministerio Público.
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Las imputaciones señalan presuntas infracciones a los artículos 40, 45, 93 y 139 —incisos 3 y 5—, así como a los artículos 158 y 159 —inciso 2— de la Constitución Política, además de los eventuales delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificados en los artículos 376 y 418 del Código Penal.
Esto, por la formulación de la acusación contra los parlamentarios José Williams, Jorge Montoya, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez; vinculada al dictamen del proyecto de ley 319/2021-CR, que autorizaba la percepción simultánea de remuneración y pensión para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Evaluación jurídica y decisión
El congresista Elvis Vergara fue el encargado de sustentar el informe final, destacando que el análisis se realizó con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y respetando el derecho de defensa. La SAC, además, rechazó el pedido de nulidad de Espinoza al no hallarse vicios procesales.
El grupo parlamentario también decidió archivar los presuntos delitos penales, al no existir suficientes elementos para acusación. Lo mismo ocurrió con las imputaciones vinculadas a los artículos 158 y 159 inciso 2.
Infracciones que sí avanzan
A pesar de los archivos, la SAC concluyó que sí corresponde acusar a Espinoza por infracción de los artículos 45, 93 y 139 —incisos 3 y 5—, al considerar que sus actos habrían vulnerado principios institucionales y competencias del Legislativo.
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Bajo ese criterio, el informe propone imponer una inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo fiscal, aplicando los parámetros de razonabilidad previstos en el artículo 100 de la Carta Magna.
Lo que se viene ahora para Delia Espinoza
Con la aprobación de este informe, la Subcomisión recomendó remitir el caso a la Comisión Permanente, instancia encargada de continuar el procedimiento y definir los siguientes pasos del proceso.
En paralelo, el Pleno del Congreso tiene programado para este miércoles 3 de noviembre el debate de otra denuncia constitucional contra Delia Espinoza, que también plantea su inhabilitación por una década.
