Delia Espinoza, desde que asumió como fiscal de la Nación, ha interpuesto 35 denuncias constitucionales. Detrás de cada denuncia hay una constante: el objetivo no parece ser la justicia, sino la eliminación de los opositores.
Las 35 denuncias constitucionales impulsadas por Espinoza han sido en su mayoría declaradas improcedente o archivadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA CHECKLEY
El caso más reciente lo expone con claridad: la denuncia constitucional presentada el 17 de julio de 2025 contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria.
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Según el Ministerio Público, Checkley habría aceptado una promesa de ventaja de parte de la exfiscal Patricia Benavides. ¿A cambio de qué? De archivar una investigación contra ella y de favorecer a su hermana, Enma Benavides Vargas, fijando una audiencia en una fecha “conveniente”.
Vale precisar que Checkley es juez provisional y, por tanto, no puede ser denunciado constitucionalmente. Así lo ha explicado para ‘ContraCorriente’ el abogado y excongresista Jorge del Castillo.
“Me parece increíble que Delia Espinoza no sepa que las denuncias constitucionales no proceden contra los jueces provisionales como Checkley”, manifestó el abogado.
Pero la ofensiva de Espinoza no se detiene en jueces. Ha ido también contra policías, secretarias, choferes.
Ocho denuncias penales fueron presentadas por el caso del 16 de junio, cuando Patricia Benavides intentó ingresar a la sede fiscal tras haber sido repuesta legalmente por la Junta Nacional de Justicia.
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¿Qué hizo Espinoza? En lugar de acatar la resolución de la JNJ, cerró el despacho, convocó a fiscales de flagrancia y movilizó personal, aferrándose al poder. Durante más de cinco horas dejó esperando a Benavides. No entregó el cargo y no acató la restitución.
Por esa conducta, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha abierto una investigación preliminar contra Delia Espinoza. La resolución —de fecha 18 de julio de 2025— es contundente: se le atribuyen cuatro hechos graves: abuso de poder, usurpación de funciones, rehusarse a cumplir actos funcionales, instigar el uso indebido de personal fiscal.
