Una nueva iniciativa legislativa, presentada por la congresista Katy Ugarte, busca modificar el artículo 98 de la Ley 30220, conocida como la Ley Universitaria. El Proyecto de Ley N° 13362/2025-CR propone establecer la obligatoriedad de incorporar una evaluación de aptitudes y actitudes en todos los procesos de admisión de las universidades, tanto públicas como privadas.
La medida busca corregir lo que la propuesta legislativa identifica como una crisis estructural en el sistema de admisión universitaria peruano.
¿Qué dice la Ley Universitaria?
Actualmente, la Ley Universitaria establece que el concurso de admisión consta de un examen de conocimientos como proceso obligatorio principal, y una evaluación de aptitudes y actitudes de forma complementaria opcional.
El proyecto de ley propone cambiar este último punto, para que dicha evaluación de aptitudes y actitudes sea de forma complementaria obligatoria. El resto del artículo se mantiene sin cambios: la admisión se realiza mediante concurso público, previa definición de plazas y máximo una vez por ciclo.
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PL recaído en el Congreso: Exposición de motivos
La exposición de motivos argumenta que el modelo vigente se basa casi exclusivamente en un examen de conocimientos que se configura como una evaluación mecánico-memorística.
Este enfoque es considerado un filtro excluyente que no evalúa habilidades esenciales como el razonamiento crítico, la motivación vocacional, la perseverancia, la ética o las habilidades socioemocionales.
Modelo de admisión actual está desarticulado
El documento señala que el modelo de admisión actual está desarticulado con el currículo escolar de la Educación Básica Regular. Mientras que la educación básica promueve un modelo por competencias, el acceso a la universidad privilegia los contenidos y el proceso memorístico. Esta inconsistencia normativa y pedagógica obliga a los postulantes a recurrir a academias preuniversitarias.
Según la iniciativa, este círculo vicioso amplía las brechas de acceso a la educación superior universitaria. Los jóvenes de menor nivel de ingreso (quintiles 1 y 2) tienen una tasa de acceso significativamente menor que aquellos de mayor nivel socioeconómico (quintiles 4 y 5). En 2021, la brecha de acceso fue de 22.1 puntos porcentuales.
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El proyecto busca que la evaluación complementaria obligatoria corrija esta desarticulación y permita un proceso de admisión integral. Se sugiere que las universidades podrían incorporar instrumentos que midan, por ejemplo, el razonamiento crítico, la motivación personal, la vocación por la carrera, la ética, las habilidades para el trabajo colaborativo y la responsabilidad social.
Autonomía universitaria, según proyecto de ley
Se destaca que, si bien algunas universidades públicas han implementado evaluaciones complementarias de forma voluntaria, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con preguntas actitudinales o la Universidad Nacional de Ingeniería con un examen vocacional específico para Arquitectura, estas son la excepción.
En la mayoría de los casos, la regla general sigue siendo el examen de conocimientos general que da preeminencia a lo mecánico y memorístico, como en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
La propuesta legislativa sostiene que establecer este estándar mínimo para el proceso de admisión no interviene en la autonomía universitaria. Cada universidad mantendría la libertad de diseñar el tipo de evaluación, fijar instrumentos, ponderaciones, metodologías y contenidos específicos, limitándose la norma a exigir su existencia.
