La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó hoy dos informes de calificación que declaran improcedentes las denuncias constitucionales presentadas contra la expresidenta Dina Boluarte.
Con una votación mayoritaria en ambos casos, el grupo de trabajo legislativo cerró el paso a procesos que buscaban determinar infracciones constitucionales y delitos de función.
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SAC archiva denuncias contra Dina Boluarte y ministros
La primera de estas, la Denuncia Constitucional 517, fue interpuesta por el congresista Juan Burgos (Podemos Perú). El documento acusaba a Boluarte y al expresidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, de vulnerar el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Pese a los argumentos del denunciante, el informe de improcedencia recibió nueve votos a favor, frente a tres en contra, quedando archivado de forma definitiva en esta instancia.
Minutos después, la SAC abordó la Denuncia Constitucional 657, formulada por el legislador Edwin Martínez (Acción Popular). Este caso resultaba de especial relevancia económica, ya que señalaba a la exmandataria y a los exministros Raúl Pérez Reyes y César Sandoval por presunta colusión y negociación incompatible.
La querella cuestionaba la aprobación del Decreto Supremo 015-2025-MTC, el cual permitió la adenda para extender por 30 años la concesión del Terminal Portuario de Matarani. Al igual que en el caso anterior, la subcomisión desestimó los cargos con un respaldo de 9 votos, asegurando que no se cumplían los requisitos para su procedencia.
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Limpieza de agenda legislativa
La sesión no solo favoreció a la exjefa de Estado. El grupo de trabajo también decidió archivar denuncias contra otras figuras del ámbito judicial y legislativo. Entre ellas destaca la Denuncia Constitucional 660, presentada por el expresidente Pedro Castillo Terrones contra un grupo de 10 congresistas, entre ellos Patricia Juárez y Alejandro Soto. Castillo los acusaba de omisión de actos funcionales y obstrucción de la justicia, pero el pedido fue rechazado tajantemente.
Finalmente, las quejas del ciudadano Percy Baldeón Ferrer contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana también fueron declaradas improcedentes.
