El magistrado Richard Concepción Carhuancho enfrenta una investigación en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por un presunto adelanto de opinión. La situación legal del miembro del Poder Judicial dio un giro tras la elección de su abogado defensor.
El encargado de su estrategia es Juan Monroy Gálvez, un conocido jurista en el ámbito del derecho procesal. Esta decisión ha generado diversas reacciones debido a los antecedentes del letrado en el caso Lava Jato.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Nicanor Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido para archivar investigación por caso ‘Los Waykis en la Sombra’
En el año 2005, Monroy redactó un informe legal relacionado con la empresa Odebrecht y la Interoceánica Sur. Aquel documento permitió desestimar las advertencias de la Contraloría general.
La coyuntura contra el juez penal se inició luego de una ponencia académica en el Instituto Udeápolis. Durante el evento, se proyectó una imagen con los rostros de los investigados en el caso Waykis en la Sombra. Entre las fotos aparecía Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.
El material audiovisual llevaba el título de “La corrupción en el sistema de justicia”. Posteriormente, se difundió un audio exclusivo donde se escucha al magistrado pedir reserva sobre lo ocurrido. En la grabación solicitaba al organizador evitar entrevistas para no perjudicar su carrera.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Dina Boluarte reaparece y marca distancia de Roberto Sánchez: “El Perú no necesita regresar a modelos estatistas que ya fracasaron”
Ante la opinión pública, Concepción Carhuancho señaló que el archivo era falso y creado con inteligencia artificial. El investigado argumentó que existía una manipulación tecnológica para afectar su labor jurisdiccional. Sin embargo, los argumentos presentados ante sus juzgadores cambiaron de enfoque.
Las contradicciones ante audiencia de la JNJ
Durante la audiencia de suspensión preventiva, la defensa técnica varió los cuestionamientos sobre la veracidad del audio. Juan Monroy Gálvez basó su estrategia en la aplicación de principios jurídicos de fondo. El abogado sostuvo que los hechos ya contaban con un pronunciamiento previo.
Según su exposición, la Autoridad Nacional de Control ya había archivado la materia principal de la indagación. Por ello, argumentó que pedir la eliminación del video no constituía una falta administrativa.
Cuestionamientos del abogado de Carhuancho
Los cuestionamientos hacia el abogado defensor se remontan al 4 de agosto de 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Aquel día, la Contraloría emitió un oficio indicando que la constructora brasileña tenía procesos judiciales pendientes. Según las bases del concurso, la firma debió quedar descalificada del proceso de licitación pública.
El cronograma oficial muestra que el documento de control ingresó a las 10:02 de la mañana. Tras una reunión de ministros, la entidad estatal ProInversión solicitó una consultoría externa al estudio del abogado.
La argumentación del texto de cinco páginas indicaba una diferenciación tipográfica en el nombre de la empresa. El documento señalaba que “CONSTRUCTORA Norberto Odebrecht S.A.” con mayúscula era distinta a la participante con minúscula. Con ese sustento se procedió a la firma del millonario contrato.
