Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo pone bajo el reflector el desempeño del Ministerio Público en el país.
Este documento revela un presunto abuso estructural en las investigaciones fiscales por el delito de lavado de activos.
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El análisis advierte que el diseño legal peruano facilita procesos extensos que vulneran los derechos fundamentales.
Detalles del informe de la Defensoría
La investigación revela que, entre los años 2019 y 2025, el nivel de condenas efectivas es sumamente bajo.
En el año 2019, de un total de 1,374 investigaciones iniciadas, solo 16 culminaron en una sentencia condenatoria.
Durante el año 2020, la cifra disminuyó a 546 pesquisas abiertas, logrando registrar únicamente 7 condenas.
Para el año 2021, el Ministerio Público inició 701 casos, de los cuales solo 32 obtuvieron una condena.
En el año 2022, se reportaron 731 casos y el número de fallos condenatorios emitidos fue de 34.
Durante el año 2023, de las 764 carpetas fiscales abiertas, solo se alcanzaron 36 resoluciones de condena.
En el periodo correspondiente al año 2024, de 745 casos iniciados, las sentencias condenatorias fueron de 48.
Finalmente, en el año 2025, de 772 procesos de investigación fiscal, las condenas logradas descendieron a 17.
El promedio consolidado del periodo analizado señala que apenas el 3.37% de las indagaciones llega a sanción.
Plazos excesivos y consecuencias en la ciudadanía
La normativa vigente permite prolongar las investigaciones preliminares vinculadas a organización criminal hasta por 108 meses.
Esta cifra equivale a nueve años de persecución penal activa bajo la figura fiscal de sospechas iniciales.
El informe advierte que esta extensión temporal duplica los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La afectación de estas medidas restrictivas recae de manera directa en los ciudadanos de a pie.
Los datos estadísticos señalan que el 76% de los ciudadanos afectados por estos procesos son personas naturales.
Entre ellos figuran profesionales independientes, comerciantes, administradores, empleados técnicos y abogados del sector privado.
El 24% restante de las medidas fiscales impacta directamente sobre el normal funcionamiento de empresas lícitas.
Un total de 356 compañías sufrieron el congelamiento y la inmovilización de sus fondos operativos desde el 2012.
Recomendaciones para frenar el abuso del sistema penal
El pronunciamiento defensorial propone reestructurar las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos.
Se plantea implementar revisiones periódicas obligatorias para fiscalizar la proporcionalidad de las medidas restrictivas aplicadas.
Asimismo, se exhorta al Parlamento a conformar una comisión técnica para revisar el Decreto Legislativo 1106.
El objetivo central es modificar el Código Procesal Penal y reducir los plazos de la investigación preliminar.
La acumulación de carpetas sin resolver mantiene actualmente a 854 casos detenidos en su etapa inicial.
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Estas indagaciones paralizadas corresponden a procesos abiertos durante los periodos anuales de 2017, 2018 y 2019.
Ante la publicación de este informe, representantes del Ministerio Público evitaron brindar declaraciones sobre los resultados.
