Política
La empresa inició al cumplimiento de sus obligaciones patrimoniales establecidas en el acuerdo que firmó con el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría Ad Hoc.
28 de diciembre del 2023 | 19:25 Hrs.
Estado peruano cobra reparación civil a empresa Aenza.
Fuente: Difusión.
La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato informó que la empresa Aenza, ex Graña y Montero, inició este jueves el pago de los más de S/ 480 millones que deberá abonar al Estado, por la reparación civil fijada en su acuerdo de colaboración eficaz con la justicia peruana.
Con el pago de la primera cuota de cerca de S/ 15 millones, la empresa inició al cumplimiento de sus obligaciones patrimoniales establecidas en el acuerdo que firmó con el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría Ad Hoc.
El dinero fue depositado en las cuentas en soles y dólares de la Procuraduría General del Estado. Los montos ascienden a S/ 10’319,607.68 y US$ 1’221,735.93.
En agosto de este año, el Poder Judicial aprobó dicho acuerdo en el que Aenza y sus subsidiarias reconocen responsabilidad penal en los procesos vinculados al caso “Club de la Construcción”, así como en otros 16 proyectos de infraestructura, entre los que están el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera IIRSA Sur - Tramos 2 y 3; y las Redes Viales 1 y 3 del Cusco.
Aenza deberá pagar en total una reparación civil de S/ 333’326,423.60 y US$ 40’724,531.00 (más de S/ 480 millones). La cifra incluye intereses legales y será pagada en 12 años.
Estos montos se suman a los más de S/ 830 millones por desistimientos en arbitrajes nacionales e internacionales, promovidos por la Procuraduría Ad Hoc y el Equipo Especial “Lava Jato”.
El acuerdo establece la creación de un fideicomiso para garantizar las 12 cuotas de la reparación civil. También incluye una cláusula que prohíbe a la empresa iniciar procesos arbitrales contra el Estado, por los proyectos del acuerdo.
Cabe indicar que estos pagos serán adicionales a los casi S/ 60 millones que sus exdirectivos, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, vienen pagando al Estado por las reparaciones civiles fijadas en sus respectivos acuerdos de colaboración eficaz.
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