Los peajes de Villa y Punta Negra, ubicados en el sur de Lima, han dejado de operar. Las garitas de cobro, consideradas las más relevantes en el sur de la capital, lucen completamente vacías desde la suspensión. Este cese en la recaudación se logró gracias a una acción judicial interpuesta por la Municipalidad de Santa María del Mar.
Un habeas corpus, emitido por el juzgado de Pachacamac, dictaminó la suspensión del cobro. El argumento central fue la vulneración del derecho ciudadano de libre tránsito. Los ciudadanos en el punto solo tenían una única opción para cruzar: pagar S/ 7.50.
La inexistencia de una vía alterna fue un factor crucial en la decisión. A la derecha de la vía se encuentra un campo de arena, y a la izquierda, propiedad privada de un supermercado.
Ciudadanos se pronuncian sobre peajes vacíos
Frente a las cámaras de ContraCorriente, los ciudadanos calificaron el cobro como un abuso y una “cutra descarada”.
Se refieren a un acuerdo pactado, según informes, entre “la mujer más corrupta del Perú” y una empresa que “coimeó por obras en casi toda Latinoamérica”. Imágenes mostraron a ciudadanos mencionando la caída del “negocio”.
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El contrato de Susana Villarán y Rutas de Lima
La concesión, que abarca una gran cantidad de vías metropolitanas, se otorgó al gigante Odebrecht en 2013. El acuerdo, calificado de “abusivo” y “nacido de la corrupción de Susana Villarán“, ha mantenido “de rodillas por 30 años a todos los limeños”.
Rutas de Lima, la concesionaria, tiene una serie de exigencias contractuales que debe cumplir. Por cada pago que realiza el usuario, la empresa debe entregar servicios que van más allá de pintura y publicidad. La concesionaria está obligada a realizar arreglos estructurales de toda la vía y de los puentes que forman parte del tránsito vehicular.
Peaje en Conchán también se encuentra suspendido
El puente Conchán es un punto de controversia, ya que se encuentra suspendido y descascarándose. Se evidencian grietas del tamaño de un dedo. El puente está clausurado. El riesgo de colapso se atribuye a que Rutas de Lima no realizó el mantenimiento al que estaba obligado en el “Contrato de la infamia”. En lugar de mantenimiento, solo se habría aplicado un “brochazo” encima del óxido y se pintó la línea blanca.
El contrato, tildado de “espureo”, ha visto un incremento de más del 200% en el cobro del peaje. Los montos iniciales de S/ 3.50 por automóvil han escalado hasta S/ 7.50. Se reporta que nunca se colocó “una sola piedra antes de cobrar los peajes”, sino que el cobro se inició antes de la construcción de las vías.
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La falta de vías alternas persiste a pesar de la concesión. La municipalidad argumenta que el concesionario debe proveerlas, mientras que este último responsabiliza a la Municipalidad de Lima.
La justicia, particularmente el equipo Lava Jato, tiene ahora la tarea de denunciar y probar el cobro de dinero mal habido. El alcalde de Santa María del Mar logró poner “freno judicial” a la situación. Un chofer y ciudadanos en general expresaron comentarios negativos sobre la gestión de la empresa.
En este contexto, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima acordó el 29 de septiembre la “disolución y liquidación” de la empresa. La concesionaria se estaría yendo con “millonarias ganancias acumuladas” y un “maletín lleno de arbitrajes ganados”.





