La Municipalidad de Lima se pronunció este jueves sobre el comunicado del gestor de fondos de inversión Brookfield, que anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional contra el Perú, para exigir más de 2 mil 700 millones de dólares por su inversión en Rutas de Lima.
Al respecto, la comuna de Rafael López Aliaga respondió mediante un comunicado, donde “lamenta que Brookfield, socia de la corrupta Odebrecht, demande al Estado peruano, en desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional, que suspendió el inhumano y lesivo cobro de peaje de Chillón“.
Para la MML, es responsabilidad del juez Chávez Tamariz dictar a la brevedad una sentencia condenatoria para “la confesa y corrupta Susana Villarán“.
Recordaron que el Concejo Metropolitano de Lima decidió invertir en la autopista Ramiro Prialé ante la falta de construcción de autopistas, “hecho que representa un atentando contra los derechos humanos de la población de Lima este”.
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Finalmente, señalan que la Municipalidad de Lima “continúa litigando en Washington contra Brookfield, socia de la corrupta Odebrecht, que compró acciones de Rutas de Lima a Marcelo Odebrecht, sabiendo que estaba preso y sentenciado por corrupción en Perú”.
DEMANDA DE BROOKFIELD
El gestor de fondos de inversión Brookfield inició un procedimiento de arbitraje internacional contra el Perú, por un monto de 2,700 millones de dólares, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Brookfield sostiene que la Municipalidad de Lima y otras entidades, como el Tribunal Constitucional, han privado a Rutas de Lima de su capacidad para cobrar peajes de uno de los tramos de la concesión.
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Además, menciona una supuesta expropiación de otro de los tramos concesionados a través de una serie de ordenanzas municipales y acciones estatales, medidas que considera están en contra del marco legal aplicable.
“Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en el Perú, pero desafortunadamente nuestra confianza se ha visto quebrantada. Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano haya tomado nuestra inversión en contra del Estado de derecho y la seguridad jurídica, y traten de engañar al público sobre nuestra compañía y nuestra inversión en Rutas”, cuestionó Ben Vaughan, gerente global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield.
