El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el proyecto de resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de una causa penal contra Betssy Chávez. La expresidenta del Consejo de Ministros será investigada por la presunta comisión de dos delitos: tráfico de influencias agravado y negociación incompatible en agravio del Estado.
La acusación, sustentada en un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se centra en presuntos favorecimientos a familiares de su entonces pareja sentimental, Abel Antonio Sotelo Villa. Estos hechos habrían ocurrido durante su gestión como congresista y titular de diversas carteras ministeriales en el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
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Nombramientos que ‘ensuciarían’ a Betssy Chávez
La investigación detalla una serie de contrataciones de personas del círculo cercano de su expareja. Uno de los casos se remonta a su período como parlamentaria. Se le imputa haber influido en la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa, hermano y tía de su entonces pareja, en su despacho congresal.
El informe de la subcomisión señala que “el interés de su contratación lejos de satisfacer cualquier perfil de cargo o cumplir con una función o servicio público, sería la relación sentimental que mantenía con Abel Antonio Sotelo Sevilla”. Estas designaciones son el punto de partida de la pesquisa fiscal.
Posteriormente, ya como titular del Ministerio de Trabajo, Betssy Chávez habría participado directamente en la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa en la red asistencial de EsSalud en Tacna, en una plaza de apoyo administrativo. La entidad EsSalud se encuentra adscrita a la cartera que ella lideraba en ese momento.
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Más imputaciones
Pero las imputaciones no terminan ahí. La acusación constitucional también incluye el nombramiento del padre de su expareja, el señor Antonio Riquelme Sotelo Calderón. Primero fue designado como Intendente Regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en la región de Puno.
Poco después, Sotelo Calderón fue nombrado representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENSATI). Ambas instituciones, Sunafil y SENSATI, dependían directamente de la gestión de Betssy Chávez como ministra del sector.
Finalmente, el informe final de la acusación sostiene que Betssy Chávez habría intervenido, en su condición de ministra de Trabajo y Cultura, en una contratación adicional para Antonio Riquelme Sotelo Calderón. Se le atribuye haber ejercido influencias sobre el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para posicionar al padre de su expareja como jefe de la oficina zonal de Cofopri en Tacna.
Esta nueva acusación se suma a los procesos que enfrenta la ex primera ministra, quien actualmente se encuentra en la región de Tacna realizando actividades políticas. Betssy Chávez deberá ahora responder ante las autoridades judiciales por estas imputaciones de presunto favorecimiento con recursos del Estado.
