La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda acusar a la expremier castillista, Betssy Chávez, por su activa participación en el fallido golpe de Estado del 7 diciembre de 2022.
El expediente, que se aprobó con 17 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, también recomienda inhabilitarla por 10 años para el ejercicio de la función pública. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, lo sustentó.
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La acusación menciona que Betssy Chávez incurrió en los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú por su participación activa antes, durante y después del fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo.
La exministra Betssy Chávez no se presentó ante la Comisión Permanente, pero si lo hizo su defensa legal, Raúl Noblecilla, quien brindó sus argumentos en contra de la acusación, presentada por la congresista Patricia Chirinos.
Vale mencionar que el informe aprobado se sustentará ante el Pleno y lo hará por medio de la comisión acusadora, que estará liderada por Lady Camones.
#ComisiónPermanente aprobó el informe final contra Betssy Betzabet Chávez Chino. El informe será sustentado ante el #PlenoDelCongreso a través de la comisión acusadora. pic.twitter.com/soRX6Iyz6D
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 29, 2025
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Procesos legales contra Betssy Chávez
La expremier Betssy Chávez afronta un proceso judicial como presunta coautora del delito de rebelión, en alternativa conspiración, por su participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos lleva adelante la acusación, en un juicio oral que se encuentra en curso. Este es el principal cargo que se le imputa y por el cual cumplió prisión preventiva.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación a principios de septiembre de 2025 al determinar que la prolongación de dicha medida se resolvió fuera del plazo legal. No obstante, para asegurar su participación en el juicio, el Poder Judicial le impuso una orden de impedimento de salida del país por un plazo de diez meses, medida que se encuentra vigente.





