El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada por mayoría la demanda de hábeas corpus interpuesta por Nicanor Boluarte contra el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, disponiendo su exclusión inmediata del proceso penal.
La máxima instancia constitucional determinó que el magistrado vulneró el principio de imparcialidad y el derecho a la libertad personal del investigado, por lo que ordenó al Poder Judicial apartarlo de toda actuación procesal en esta causa. Asimismo, el TC remitió copias de lo actuado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que evalúe la conducta funcional del juez y le exhortó a no reincidir en estas faltas.
Una ponencia académica que quebrantó la neutralidad
El origen de la vulneración se remonta al 15 de agosto de 2024, fecha en la que el juez Concepción Carhuancho dictó una conferencia académica en un instituto privado. Durante la exposición, transmitida por internet y replicada en diversos medios de comunicación, se proyectaron diapositivas tituladas “La corrupción en el sistema de administración de justicia”.
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En dicha presentación se incluyó la fotografía de Nicanor Boluarte simulando el organigrama de una organización criminal, delito que precisamente figuraba en la imputación fiscal a cargo de su despacho.
El criterio del TC sobre las garantías del debido proceso
En la resolución se acreditó que el magistrado ya se había avocado al conocimiento del caso y era el competente para resolver el requerimiento fiscal de prisión preventiva interpuesto contra Boluarte al momento de dictar la clase. Por ello, el Tribunal remarcó que el juez no desconocía que le correspondía adoptar una decisión imparcial sobre el procesado.
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Conforme a los estándares constitucionales y supranacionales, el pleno enfatizó que un juzgador debe evitar cualquier circunstancia que genere sospechas razonables sobre una opinión preconcebida o un prejuicio antes de emitir un fallo formal.
Remisión a la JNJ y alcances de la decisión judicial
Como medida complementaria, el colegiado dispuso el envío de copias certificadas del fallo y de los actuados a la Junta Nacional de Justicia para que actúe según sus atribuciones disciplinarias. La sentencia sienta un importante precedente sobre la prudencia y discreción que deben mantener los jueces frente a causas abiertas bajo su jurisdicción.
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— Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) July 22, 2026
