El reciente operativo contra Piero Corvetto y su entorno ha dejado un sabor amargo en la opinión pública y una serie de interrogantes sobre la eficiencia del Ministerio Público. Según el periodista Beto Ortiz, el despliegue de las autoridades fue, en la práctica, un ejercicio de “mucho ruido y pocas nueces”, debido a una presunta filtración de información que habría neutralizado cualquier posibilidad de éxito.
Para Ortiz, la ausencia de detenidos, incautaciones de valor o hallazgos determinantes no es producto del azar, sino de una advertencia previa.
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Filtración desde la cúpula de la Fiscalía, según Ortiz: ¿guerra avisada no mata gente?
El periodista puso el reflector sobre una figura clave: el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Según la denuncia pública de Ortiz, la máxima autoridad de la Fiscalía se habría encargado de alertar a Corvetto y a sus allegados sobre la existencia de órdenes de allanamiento y medidas cautelares en su contra.
“Aquí ha sido mucho ruido y pocas nueces… ¿Por qué? Porque estaban avisados, porque guerra avisada no mata gente”, sentenció el conductor de televisión, subrayando que el operativo no tuvo resultados palpables debido a esta supuesta infidencia.
El cuestionamiento central de Ortiz radica en la regularidad ética y legal de estas acciones. El periodista comparó la situación con la de cualquier empleado subalterno del Ministerio Público, quien sería separado de su cargo y sancionado penalmente si revelara información confidencial de un caso en curso. Sin embargo, en este escenario, la presunta alerta provino de la cabeza de la institución.
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Beto Ortiz enfatizó que el fiscal de la Nación no solo habría incurrido en esta conducta una vez, sino en dos oportunidades distintas a través de medios de comunicación, alertando directamente a los investigados sobre su inminente detención. “Estamos hablando del fiscal de la Nación… que se dio el lujo de salir a los medios a alertar a Piero Corvetto”, criticó.
Este señalamiento abre un debate profundo sobre la administración de justicia en el país. Si las autoridades encargadas de perseguir el delito son las mismas que, mediante declaraciones públicas, desmantelan la eficacia de sus propios operativos, la lucha contra la corrupción queda herida de gravedad.
