El Congreso de la República aprobó el permiso para que la presidenta Dina Boluarte viaje oficialmente a Japón e Indonesia del 5 al 12 de agosto, con 63 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones.
La mandataria participará en actividades comerciales, económicas y de cooperación bajo invitación de los jefes de Estado de estos países. Sin embargo, la aprobación del viaje ha generado cuestionamientos sobre el elevado costo que implicará para el Estado en momentos en que sectores sociales enfrentan múltiples carencias.
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Según resoluciones supremas publicadas en el Diario Oficial El Peruano, cinco ministros acompañarán a Boluarte, entre ellos el canciller Elmer Schialer y la ministra de Comercio Exterior, Desilú León. Para estos funcionarios se asignaron viáticos diarios de hasta US$500 y pasajes que, en conjunto, suman más de US$68 mil, equivalentes a casi 246 mil soles. Solo el ministro de Relaciones Exteriores recibirá más de US$14 mil para cubrir su movilidad y gastos diarios en el viaje.
No solo los ministros se beneficiarán con generosos fondos. Se autorizó asimismo que seis funcionarios del Despacho Presidencial formen parte de la delegación, con viáticos equivalentes a US$500 por día y pasajes que en total superan los US$61 mil. Entre ellos destaca Carmen Giordano, quien ha estado vinculada al ‘caso Rolex’, y Enrique Vílchez, investigado por el presunto encubrimiento de Vladimir Cerrón.
En total, la comitiva presidencial a Japón e Indonesia costará al Estado más de 220 mil soles solo en viáticos para la delegación presidencial, sin contar otros gastos no detallados. Esta cifra genera indignación en la opinión pública, que observa cómo, mientras se destinan grandes recursos para viajes y gastos oficiales, persisten problemas urgentes en la gestión dentro del país, desde la inseguridad hasta la pobreza y escasez de servicios básicos.
Este nuevo viaje se suma a la serie de salidas internacionales realizadas por la presidenta Boluarte desde que asumió el mando, lo que ha sido objeto de críticas desde diversos sectores políticos y sociales. Aun así, el Gobierno defiende la iniciativa como necesaria para fortalecer las relaciones internacionales y promover el comercio exterior. Sin embargo, las altas cifras asignadas para pasajes y viáticos ponen en tela de juicio la priorización del gasto público en el actual contexto nacional.
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Esta situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad y transparencia en el manejo de recursos del Estado, especialmente cuando la población demanda respuestas efectivas a problemas internos críticos. La comparación entre las generosas erogaciones para viajes oficiales y las limitaciones presupuestales en salud, educación y seguridad refleja la brecha entre las prioridades gubernamentales y las necesidades ciudadanas actuales.
