La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras evaluar denuncias constitucionales vinculadas a su actuación durante su interinato, decisión adoptada el último miércoles 17 de diciembre mediante una votación mayoritaria.
El documento fue respaldado con 16 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención, consolidando las denuncias constitucionales 563 y 618 acumuladas, promovidas por los legisladores Kira Alcarraz y José Cueto, quienes cuestionaron la legalidad de determinadas acciones ejecutadas por Espinoza desde el Ministerio Público.
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La recomendación se enmarca en presuntas infracciones constitucionales y marca un nuevo episodio con implicancias políticas que ahora deberán ser evaluadas por el Pleno del Parlamento.
El origen de la acusación constitucional
El punto central del informe se sustenta en la denuncia constitucional que Espinoza interpuso contra once congresistas, quienes impulsaron una norma para permitir que exmilitares y expolicías en el Congreso perciban simultáneamente sueldo y pensión del Estado.
Para la subcomisión acusadora, dicha actuación habría constituido una extralimitación de funciones, al considerar que la entonces fiscal de la Nación habría invadido competencias del Poder Legislativo mediante una acción que, a su juicio, carecía de sustento constitucional.
A pesar de ello, la Comisión Permanente resolvió archivar los extremos referidos a los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, limitando el alcance del informe a una sanción de naturaleza política.
El trámite que seguirá en el Congreso
Montoya, en su condición de presidente de la subcomisión acusadora, será el encargado de sustentar el informe ante el Pleno, instancia que deberá decidir si formula la acusación constitucional definitiva.
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Este paso será determinante para definir el futuro político de Espinoza, ya que el Pleno tiene la facultad de aprobar, modificar o rechazar la recomendación de inhabilitación planteada por la Comisión Permanente.
#ComisiónPermanente aprobó el informe final de las DC 563 y 618 contra la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, que propone su inhabilitación por diez años por presunta infracción constitucional.
El presente informe deberá ser sustentado ante el… pic.twitter.com/HXps7tnUna
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 17, 2025
La defensa de Delia Espinoza
La ex fiscal de la Nación rechazó de manera categórica el contenido del informe y aseguró ser objeto de una represalia política. “Es una persecución política, pero, si el juicio político se va a utilizar como una herramienta de venganza y no con bases jurídicas ni argumentos válidos y sólidos… Es más, con mi primera inhabilitación ya demostraron que actuaron dictatorialmente”, declaró ante las cámaras de Willax TV.
Espinoza insistió en que su caso trasciende el ámbito interno y afirmó haber recurrido a instancias internacionales. “No me siento víctima, lo soy, y eso lo hemos evidenciado. Hay muchas pruebas y elementos, porque ya he recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mí se me ha amenazado de muerte, se me ha amenazado con hacerme daño”, prosiguió.
Finalmente, la exautoridad anunció que presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial. “Tenemos los argumentos”, afirmó, dejando en claro que continuará su defensa por la vía legal frente a una nueva inhabilitación.
