La Comisión Permanente del Congreso de la República dio un paso decisivo en el proceso político contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. Este miércoles, el órgano parlamentario aprobó el informe final que propone su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un periodo de 10 años, tras hallarse indicios de presuntas infracciones constitucionales en su desempeño.
La votación alcanzó los 16 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención, consolidando las denuncias constitucionales 563 y 618 acumuladas. Estos recursos fueron impulsados originalmente por los legisladores Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi, quienes cuestionaron la legitimidad de las acciones de Espinoza durante su interinato en la Fiscalía de la Nación.
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Argumentos de la acusación
El eje de la controversia reside en la denuncia constitucional que Espinoza presentó en su momento contra once congresistas. Dicha medida fiscal apuntaba a los legisladores que promovieron una ley para que exmilitares y expolicías en el Parlamento percibieran simultáneamente sueldo y pensión del Estado. Para la subcomisión acusadora, este acto constituyó una extralimitación de funciones.
El congresista Jorge Montoya, en su calidad de presidente de la subcomisión acusadora, será el encargado de sustentar este informe ante el Pleno del Congreso, donde se formulará la acusación constitucional definitiva. No obstante, la Comisión Permanente decidió archivar los extremos referidos a los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, limitando la sanción al ámbito de la infracción política.
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Delia Espinoza se defendió
Durante su intervención ante la comisión, Delia Espinoza ejerció su derecho a la defensa, argumentando que su proceder se ajustó estrictamente a la ley. “Mi función era ejercer la acción penal para defender la legalidad y los intereses públicos”, remarcó la exfiscal.
Cabe señalar que este nuevo proceso se suma a la inhabilitación de 10 años ya ratificada por el Pleno el pasado 3 de diciembre, tras una reconsideración de votos, lo que agrava la situación jurídica y política de la magistrada frente al Poder Legislativo.
