Los internos del penal de Barbadillo comenzaron a mover sus fichas antes del cambio de mando presidencial. Esta vez fue el exmandatario Alejandro Toledo, quien solicitó una gracia presidencial alegando el deterioro de su estado de salud.
El pedido fue presentado a través de su abogado, Carlos Torres Caro, quien advirtió que, si el gobernante José María Balcázar no accede a la solicitud, acudirán a su sucesora, Keiko Fujimori, cuando asuma funciones el próximo 28 de julio.
El pedido de Alejandro Toledo
La defensa de Toledo sostiene que su condición médica amerita una medida humanitaria. En el documento presentado, el ex jefe de Estado hizo un llamado directo para que su situación sea evaluada con urgencia.
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“Doy mi conformidad y pido su urgente ayuda, Dr. Torres Caro, dada la crítica situación de mi salud. Por humanidad se lo pido, por favor”, se lee en la misiva.
La solicitud no tardó en generar reacciones en el ámbito político. Desde el Congreso de la República surgieron posiciones a favor y en contra de una eventual gracia presidencial, aunque algunos legisladores remarcaron que el debate debe centrarse en el estado de salud de Toledo y no en los delitos por los que fue condenado.
Congreso marca distancia con el caso de Pedro Castillo
Uno de los parlamentarios consultados señaló que el caso de Toledo debe mirarse desde una perspectiva distinta. “Se trata más bien de su estado físico, de su condición médica. Yo creo que es muy distinto. El caso de Toledo es probado, pero de lo que se trata acá es si merece una suerte de indulto o gracia debido a su condición médica”, declaró Edward Málaga.
En contraste, varios congresistas rechazaron cualquier comparación con la situación del golpista Pedro Castillo, quien afronta un proceso judicial tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
“El caso de Pedro Castillo es el de un golpista que atentó contra la democracia en televisión pública, y es algo que debe tener el rechazo y la condena unánime de la población. No es algo que esté sujeto a una decisión del Poder Judicial. Si bien está bajo juicio, es evidente lo que ha pasado y creo que ahí no cabe mayor discusión”, apuntó Málaga.
Mientras algunos sectores consideran inviable cualquier beneficio para Castillo, desde Perú Libre insistieron en que el chotano debería afrontar el proceso en libertad. En paralelo, integrantes de Acción Popular descartaron que exista la posibilidad de que Balcázar le conceda un indulto o una gracia presidencial.
La defensa de Toledo apelará a Keiko Fujimori ante la posible negativa de José María Balcázar
Carlos Torres Caro explicó que la solicitud ya fue formalizada ante José María Balcázar y expresó su expectativa de que sea evaluada antes del cambio de gestión. Además, confirmó que, de recibir una respuesta negativa, acudirán a Keiko Fujimori una vez que asuma la Presidencia.
“Espero que el presidente de la República tome esto en serio, porque la Presidencia es, creo yo, un sentido de responsabilidad. Nosotros teníamos pensado hacerlo a la señora Keiko Fujimori y, sobre todo, tomando en consideración que Keiko Fujimori ha vivido en carne propia esta situación por lo de su padre y por ella misma”, remarcó en diálogo con RPP.
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El letrado también lanzó una advertencia sobre una posible negativa del mandatario saliente: “No lo he visitado, ni he conversado, ni he visto (a Balcázar), solamente lo he escuchado este último fin de semana por la televisión cuando manifestó, en relación con otro pedido, que estaba dispuesto a revisar cualquier pedido. Muy bien, si él está dispuesto a revisar cualquier pedido, estamos oficializándolo para que lo tome en consideración. Esperemos que el señor Balcázar lo haga, y si no lo hiciera, incumpliría su palabra y demostraría su alto grado de inhumanidad, por lo que lo pediríamos a la señora Keiko Fujimori; ya tenemos preparada toda la documentación pertinente”.
Alejandro Toledo cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por recibir sobornos de la corrupta empresa brasileña Odebrecht y, además, fue sentenciado a 13 años de cárcel por el delito de lavado de activos relacionado con el mismo esquema de corrupción.
