A menos de 24 horas de haber asumido la presidencia de la República, José María Balcázar ya enfrenta su primer gran dilema político y judicial. La defensa legal del encarcelado Pedro Castillo no perdió tiempo y presentó formalmente ante el despacho presidencial una solicitud de indulto, fundamentada en las promesas de campaña que el hoy mandatario habría realizado.
El abogado Walter Ayala fue el encargado de poner el tema sobre la mesa, utilizando un concepto jurídico que ha generado sorpresa: la “confianza legítima” o la palabra empeñada.
La “confianza legítima”: El argumento de la defensa de Pedro Castillo
Según Ayala, si un funcionario público asegura durante su ascenso al poder que realizará una acción —en este caso, liberar a Castillo—, el pueblo y los interesados actúan bajo esa premisa de fe pública.
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“Si la persona se llena la boca diciendo que van a indultar a Castillo, entonces este es el momento para que el país se dé cuenta de quiénes utilizan su imagen”, señaló Ayala. Para la defensa, el pedido no es solo una estrategia legal, sino una prueba de coherencia política para el nuevo jefe de Estado.
¿Es jurídicamente viable el indulto?
La viabilidad de esta medida ha dividido a los expertos. Benji Espinoza, exabogado de Castillo, sostiene que el indulto es una facultad presidencial discrecional y casi ilimitada, pero advierte un requisito procedimental indispensable: la sentencia debe quedar firme.
Para que Balcázar pueda ejercer la gracia presidencial sin obstáculos legales insalvables, la defensa de Castillo tendría que desistirse de cualquier apelación pendiente.
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“Queda firme la sentencia y no habría ninguna limitación para que el presidente indulte”, explicó Espinoza, subrayando que, aunque la Comisión de Gracias Presidenciales debe emitir una recomendación, esta no es vinculante para el mandatario.
Piden indulto a Pedro Castillo en agenda
Sin embargo, el escenario es complejo. Mientras Ayala presiona para que el indulto se agende de inmediato, otros sectores recuerdan que el indulto por delitos de rebelión o corrupción suele enfrentar fuertes resistencias en el Tribunal Constitucional y en la opinión pública.
El presidente Balcázar inicia así su gestión en una encrucijada: cumplir con la facción que exige la libertad del exmandatario golpista o priorizar la estabilidad institucional de un país que observa, con escepticismo, si las promesas electorales se convertirán en actos de gobierno.
