Daniel Noboa defiende decisión de capturar a Jorge Glas: "No podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió su decisión de irrumpir con la Policía en la Embajada de México, en Quito, para capturar al exvicepresidente de este país, Jorge Glas.

"Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 111 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano", se lee en una carta, suscrita por Noboa.

El jefe de Estado repudió que un sector de políticos ecuatorianos "caducos" hayan exhortado al gobierno de México que le declare la "guerra". Asimismo, lamentó que se exija ante la comunidad internacional que su país sea "sancionado económicamente".

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"Incurren en una traición a la patria nunca antes vista", denunció.

Noboa aclaró que Ecuador es una nación de "paz" y "justicia", la cual respeta el derecho internacional.

"Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia, y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos", concluyó la máxima autoridad.

¿QUIÉN ES JORGE GLAS Y DE QUÉ SE LO ACUSA?

Jorge Glas viene siendo el hombre en el centro de la ruptura de relaciones entre México y Ecuador.

Este se desempeñó como vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa (2013-2017), siendo después condenado dos veces por casos de corrupción. Actualmente, afronta nuevos cargos por malversación de recursos públicos.

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Su primera condena se dio en 2017, cuando se le halló culpable de aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Por ello, le ordenaron 6 años de prisión.

En 2020, Glas fue condenado nuevamente por utilizar dinero irregular de contratistas para financiar campañas del movimiento político de Correa, por lo que recibió una sentencia de 8 años.