Política
Margory Goicochea Suelpres, esposa de Robert López, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), ganó contratos con el gobierno del presidente Pedro Castillo.
Durante el 2022, fue contratada en tres entidades: el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) e Indecopi. Los dos primeros están adscritos al Ministerio de Vivienda, mientras que el tercero a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El monto total que recibió la ingeniera industrial de 30 años asciende a S/70.000 y comenzó desde que su esposo asumió puestos claves en este Gobierno, según dio cuenta El Comercio.
El 1 de enero del 2022, Robert López fungió como gerente general del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, adscrito al Ministerio de Vivienda. En aquel entonces, estaba dirigido por Geiner Alvarado. Fue corto su tiempo en dicho cargo, tan solo 5 días después pasó a dirigir el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)
Y, en marzo, dejó el programa adscrito al Ministerio de Vivienda para coordinar el equipo especial de la Reconstrucción con Cambios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
El 25 de abril, Margory Goicochea se entrevistó con un funcionario del programa Agua Segura para Lima y Callao, dirigido por el excongresista José Maslucán, en aquel entonces. Luego de tres días consiguió una orden de servicio en el PASLC por S/10.000.
El colaborador eficaz 02-2022 declaró a la Fiscalía el último 17 de agosto que López y Maslucán fueron designados en dichos programas por orden del prófugo empresario Segundo Sánchez, dueño de la casa del pasaje de Sarratea, en Breña.
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Semanas después de que Robert López llegó a la ARCC como director ejecutivo, su esposa fue contratada en Indecopi, institución liderada por el perulibrista Julián Palacín. Aquí obtuvo S/30.000 por supervisar los contratos de la coordinación de servicios generales de la entidad.
Mientras que, el 19 de julio fue contratada por el Programa Nacional de Saneamiento Rural con un momento de S/30.000. Se desempeñó como asistente técnica para hacer seguimiento del avance de proyectos de inversión.
Y, finalmente, el 22 de septiembre volvió a ser reclutada por Indecopi para asesorar en “materia de integridad, ética, transparencia y control interno”. Sin embargo, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) alertó que estaría impedida de contratar con el Estado, porque su esposo Robert López es funcionario.
De acuerdo al director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, su esposa no está impedida de contratar con el Ejecutivo, porque la ley no lo alcanza.
“La ley a mí no me alcanza, alcanza al presidente, vicepresidente, congresistas, ministros y otros funcionarios. Yo he mandado a revisar [el caso]”, indicó a El Comercio.
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