Internacionales
Lasso es acusado por la oposición de presunto peculado (malversación de fondos) en la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
9 de mayo del 2023 | 17:36 Hrs.
Guillermo Lasso.
Fuente: AFP.
La Asamblea Nacional (Congreso) de Ecuador aprobó este martes llevar a un juicio político de censura al presidente de dicho país, Guillermo Lasso, acusado por la oposición de presunto peculado (malversación de fondos) en empresas públicas.
Con el voto de a favor de 88 legisladores, 23 en contra y 5 abstenciones, se aprobó la moción presentada por la congresista Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), que lidera el exmandatario izquierdista Rafael Correa.
Con esta votación, el Pleno de la Asamblea resolvió “enjuiciar políticamente al presidente de la República” por la “infracción constitucional de peculado”, admitida a trámite por la Corte Constitucional.
La resolución se alcanzó con el concurso de varios grupos políticos, sobre todo del opositor UNES, el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento indígena Pachakutik, así como de independientes.
De acuerdo a la acusación, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos” generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.
Según la congresista Veloz, el gobernante Lasso, junto a un delegado suyo, Hernán Luque, “definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.
Además, la parlamentaria izquierdista aseveró que el jefe de Estado “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec” y que incumplió su deber constitucional de impedir la presunta trama de corrupción.
El artículo 2 de la resolución parlamentaria dispone que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, “continúe de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político” contra Lasso, para lo que debe convocar en un plazo de cinco días a una sesión del Pleno para interpelar al mandatario.
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