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La Fiscalía de la Nación, por medio del fiscal Ramiro González, aseguró que el exlegislador Héctor Becerril, \"vendió\" la función pública que representaba como integrante del Congreso, a cambio de prebendas económicas.
Ramiro González fundamentó esta mañana el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra Becerril, por el caso de \"Los Temerarios del Crimen\", por el cual es investigado en los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado y organización criminal.
El representante del Ministerio Público aseveró que Becerril usó su cargo para obtener la asignación presupuestal para la implementación de tres obras públicas referidas a la transitabilidad peatonal y vehicular, entre otras. Es a cambio de esto, que el excongresista junto con sus hermanos Antonio y Wilfredo Becerril, habrían adquirido beneficios económicos y también de construcción.
“La participación del investigado se remite a gestionar presupuestos e inclusión de obras a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo donde David Cornejo Chinguel era alcalde y presunto líder de la organización criminal. El papel que le correspondía era de la venta de la función publica, porque la labor de la representación comprende las gestiones ante las entidades públicas, pero cuando se cobra un porcentaje por esta gestión esta actividad de pervierte” refirió el fiscal.
Referente a la organización criminal, según refirió el fiscal, los hermanos Antonio y Wilfredo Becerril eran los operadores de lo que coordinaban Cornejo y el exparlamentario.
“Esta participación e intervención de los hermanos Becerril Rodríguez no hubiera sido posible si no existiera un poder real, un poder como es el ser congresista de la República. El poder no lo tenían los hermanos; sino de la función congresal desde Lima (…) el alto funcionario de la República cumplió un rol de operador político”.
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