El Ejecutivo, a través del procurador público Luis Alberto Huerta Guerrero, presentó ante el Tribunal Constitucional la anunciada demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula la cuestión de confianza.
Según el Gobierno de Pedro Castillo, la norma aprobada por insistencia por el Parlamento quiebra el equilibrio de poderes.
Vale anotar que la ley -que desarrolla los artículos 132 y 133 de la carta magna- establece que el Ejecutivo no puede plantear cuestiones de confianza por asuntos que son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso o de otros organismos constitucionalmente autónomos, ni tampoco por reformas constitucionales.
Asimismo, precisa que la aprobación o no de la cuestión de confianza solo puede ser interpretada por el Parlamento, con lo que se descarta una “interpretación fáctica”, como la que hizo el vacado exmandatario Martín Vizcarra para disolver el Legislativo en el año 2019.
