La madrugada del 25 de abril, una intervención militar terminó con cinco jóvenes abatidos en la ciudad de Colcabamba, Huancavelica. Dos meses después, el Poder Judicial ordenó doce meses de prisión preventiva para los ocho militares implicados.
Según las investigaciones que ha realizado la Fiscalía, en la camioneta donde fueron halladas las víctimas, no se encontraron armas ni droga, y que los ocupantes recibieron múltiples impactos de bala.
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Además, la tesis fiscal señala que los militares se excedieron en el uso de la fuerza y que incluso alteraron la escena del crimen.
Anthony Crespo, abogado de las familias de los jóvenes asesinados, reveló que los atacantes no portaron uniformes de militares.
“Lo que ellos han recibido desde el primer minuto son disparos. Nada más que disparos. Todos vestidos de civil, con botas de jebe, con buzos… buzos y polos y chompas que no tenían nada que ver con el ejército”, indicó el letrado.
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Más detalles
Ricardo Acuña, uno de los sobrevivientes del ataque, denunció que obligado a decir que tenía vínculos con el narcotráfico. Posteriormente, esta versión cambió.
“En ese momento, fui amenazado… obligado para hablar esas cosas porque no han encontrado nada, ni en el carro nada. Los militares me han amenazado con armas diciendo que debo declarar, te va… te va a matar bala así”, relató Acuña atemorizado.
Con estos elementos, la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos solicitó inicialmente dieciocho meses de prisión preventiva para los ocho militares involucrados. Y hace unos días, el Poder Judicial dictó doce meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en agravio de los tres sobrevivientes.
Lo que comenzó como una supuesta operación contra el narcotráfico, hoy es investigado como un presunto caso de graves violaciones a los derechos humanos.
Otro caso alarmante
En la comisaría de Manchay falleció un joven de 17 años en extrañas circunstancias tras ser detenido por Serenazgo. Este hecho involucra directamente a efectivos de la Policía Nacional.
Lo más grave es la denuncia formulada por los padres del menor, versión que está respaldada por documentos de medicina legal del Ministerio Público. Según estos informes, la causa de la muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento.
Dos hechos que hoy generan indignación y que podrían quedar bajo la investigación de los propios fueros institucionales, en virtud de la nueva ley aprobada por el Congreso de la República. Ejército y Policía nuevamente bajo cuestionamiento por presuntas vulneraciones a los derechos de civiles.
