El caso que ha conmocionado a Trujillo entró en una etapa decisiva. Maricsa Polet Alfaro Cerna, la conductora que atropelló y aplastó a un vigilante en la urbanización El Golf, rompió su silencio durante la reciente audiencia judicial.
Ante el magistrado, la investigada intentó proyectar una imagen de arrepentimiento y solvencia moral, asegurando que no evadirá las consecuencias de sus actos mientras la víctima lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
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Accidente en Trujillo: conductora con 1.84 g/l de alcohol pide afrontar proceso en libertad
Durante su intervención, Alfaro Cerna enfatizó su compromiso con la recuperación de Juan Martínez Torres (54), quien fue embestido por su camioneta Mercedes-Benz la noche del 3 de mayo. “No voy a descansar hasta que las personas agraviadas se encuentren totalmente bien”, declaró, calificándose a sí misma como una “ciudadana trabajadora”. Sin embargo, estas palabras contrastan con la gravedad de los hechos probados por el peritaje técnico.
El examen de alcoholemia reveló que la mujer conducía con 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que triplica el límite legal permitido. Además, el historial de la conductora registra un antecedente por despiste en 2019, lo que complica su situación jurídica bajo la tipificación de delito contra la vida, el cuerpo y la salud.
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Irregularidades y estado crítico de la víctima
La indignación ciudadana no solo se centra en la imprudencia al volante, sino en el intento de encubrimiento inicial. El primer parte policial consignó falsamente que Martínez había sufrido una simple caída. Esta versión fue desmentida de inmediato por cámaras de seguridad que muestran cómo el vigilante fue aplastado contra una pared. Debido a esta manipulación de información, varios agentes han sido separados de sus cargos.
Actualmente, el señor Martínez permanece intubado en el Hospital Belén, con un pronóstico reservado que mantiene en vilo a su familia. Mientras la defensa de Alfaro busca medidas alternativas a la prisión, la Fiscalía sostiene que el alto grado de alcohol y el peligro de obstaculización —evidenciado en el informe policial alterado— son razones suficientes para determinar una medida severa.
