Loreto: comunidades nativas se sienten amenazados por las ONGs caviares

Nuevas denuncias contra ONGs obstructoras y con agenda inconfesable en el oriente peruano. Más viajes a más funcionarios, pagados por las ONGs y convenios que tal vez plantean un bloqueo a la exportación de fauna legal. 

Nuevas pruebas terminan por encajar en un inmenso rompecabezas que, más que proteger, parece más apoderarse de nuestra Amazonia peruana y dejar a más de 200 comunidades del manejo de recursos sin sustento alguno. Comunidades nativas legalmente inscritas y con experiencia de más de 20 años, que han repoblado la mayoría de nuestras especies de nuestra selva.

Milagros Ferreyra Añahuari ha llegado a Lima a pelear por sus derechos y la de sus compañeros loretanos. Por 20 años ha sido la más grande exportadora legal de fauna silvestre de nuestro país, trabajando con más 70  grupos de manejo  en nuestra selva peruana y hoy,  como si se tratara de una especie en extinción, quieren eliminarla. Quizá porque, desde los intereses foráneos que defienden las ONG, la consideran una competencia incómoda. 

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Desde el 2018 enfrenta denuncias sin sustento, que gana completamente en el fuero judicial o tributario, pero que no le permiten volver a trabajar con sus grupos de manejo, para lograr la exportación. Ella y los demás exportadores de fauna legal del país, así como los grupos de manejo del oriente peruano,  sostienen que SERFOR, atendiendo la agenda de la ONG WCS instalada en nuestro país desde el 2015, quieren eliminar por completo la posibilidad de exportación legal de nuestro país. Rompiendo así un círculo virtuoso de desarrollo sostenido en favor de miles de familias de una zona tan alejada y pobre, como la región Loreto. 

'Contracorriente' estuvo en Iquitos, en la comunidad Leoncio Prado, instalada en la zona de amortiguamiento, a la margen del Samiria, alertados por los 47 grupos de manejo que se sienten amenazados por las ONGs caviares y abandonados por el Estado. SERFOR no los recibe, el Ministerio del Ambiente tampoco, no saben a quién más recurrir para seguir trabajando.

El Perú exporta más de medio millón de animales vivos al año, los grupos de manejo constituidos legalmente, firman un contrato con el Estado y a cambio reciben un porcentaje de la especie que decidieron cuidar en la reserva Pacaya  Samiria, por ejemplo con un certificado de procedencia.  Luego, son libres de vender sus animales. Así, hace dos décadas que se conservan especies de flora y fauna selvática: Aguaje, palmeras, paiche, arahuana y nuestra emblemática tortuga taricaya.

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El dominical contó la historia de Milagros Ferreira Ahuanari, quien es la más grande exportadora de nuestra emblemática tortuga hace más de 20 años, trabaja legalmente con 90 grupos de manejo, pero hoy enfrenta, una vez más, una sentencia arbitraria por extinción de dominio que el juez Edgar Ramón Guillen Vallejo firmó estando de vacaciones. 

Efectivamente, cometiendo prevaricato según la resolución 46 2024 en el item  129. Se puede ver la firma del juez Guillen, quien estaba de vacaciones del primero de febrero al uno de marzo.  Entonces, cómo pudo emitir la sentencia de fecha 9 de febrero del 2024.  

El abogado Daniel Chávez Cotrina tiene muchas pruebas en su poder que confirmarían el direccionamiento y la persecución hacia la exportadora. La finalidad sería bloquear sus exportaciones todo este año.