El Perú atraviesa una crisis de inseguridad ciudadana sin precedentes. A lo largo del año 2024, los ciudadanos han enfrentado una escalada de violencia que parece no tener fin. Delincuencia organizada, extorsiones, sicariatos y robos se convirtieron en el pan de cada día, afectando emprendedores, mototaxistas, conductores y hasta efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
A pesar de las medidas del gobierno de Dina Boluarte, como el estado de emergencia en varios distritos de Lima y Callao, la criminalidad sigue creciendo. En cifras oficiales de la PNP, hasta noviembre último se registraron más de 15 mil extorsiones, 1,923 homicidios y 1,004 casos de sicariato: 65 por negativa al pago de cupos y 253 por ajuste de cuentas.
Lamentables casos, como el asalto en San Borja que dejó un policía gravemente herido y el asesinato de un joven en Chorrillos, reflejan la gravedad del problema. Incluso, adolescentes de 13 y 14 años forman parte del hampa, evidenciando una inseguridad desbordada, donde solo se ejecutan estrategias fallidas.
Actualmente, los peruanos viven con miedo, sintiéndose desprotegidos y desamparados ante una administración gubernamental que insiste en estadísticas “optimistas”, pero que no logra contener la ola de violencia.
