La Defensoría del Pueblo comentó sobre la intervención realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio Público a las instalaciones de la empresa Radio Tigre, que opera el medio de comunicación PBO Radio.
“La medida de allanamiento y descerraje cuenta con sustento legal en los artículos 84 y 86 de la Ley 28728, Ley de Radio y Televisión. No obstante, nuestra Constitución exige que toda actuación estatal que pueda afectar derechos fundamentales se lleve a cabo respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, reza el comunicado.
A criterio de la Defensoría, el procedimiento seguido por el MTC debió tomarse en consideración que no se trata de un medio de comunicación clandestino, sino de uno que habría estado operando de forma regular desde 1983 y que actualmente viene cuestionando la denegatoria de la renovación de su licencia en el Poder Judicial.
“El cierre del medio de comunicación y la incautación de sus bienes representa una medida sumamente gravosa a la libertad de expresión; más aún si la denegatoria de la licencia podría ser revertida por el Poder Judicial”, expresa la misiva.
Para determinar la regularidad de la intervención, según la entidad, también resulta necesario evaluar la oportunidad de la intervención.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo solicitará al Ministerio de Transportes los actuados en el procedimiento seguido contra la empresa Radio Tigre S. A. C., a efectos de evaluar si se produjeron excesos en la intervención contra el medio de comunicación.
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