La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del expresidente Pedro Castillo Terrones y confirmó la orden de 12 meses de prisión preventiva en su contra.
La máxima instancia del sistema judicial ratificó la medida restrictiva al determinar la vigencia de los riesgos procesales en la investigación seguida por el presunto delito de organización criminal con el agravante de líder, colusión y tráfico de influencias cometidos en agravio del Estado peruano.
Inexistencia de arraigo probatorio y elevado peligro de fuga para Pedro Castillo
El fallo dictado por el tribunal supremo fundamenta la decisión en la falta de acreditación de un arraigo laboral, familiar y domiciliario de carácter fehaciente por parte del investigado. Para las autoridades del Poder Judicial, la condición actual de su esposa, Lilia Paredes, y de sus hijos —quienes permanecen asilados en los Estados Unidos Mexicanos— incrementa de manera sustancial la posibilidad de evadir la justicia.
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Asimismo, la Sala desestimó los cuestionamientos planteados por la defensa procesal que solicitaban el cese del mandato cautelar o el otorgamiento de vigilancia electrónica, resolviendo que los presupuestos materiales que originaron la privación de la libertad se mantienen firmes.
El debate sobre el indulto y la condena previa por rebelión
Esta determinación judicial cobra especial trascendencia pública en medio de la ambigüedad generada por las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien ha evocado la facultad ejecutiva de otorgar un eventual indulto a favor de Castillo Terrones.
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Sin embargo, diversos analistas y juristas coinciden en que la gracia presidencial resulta constitucionalmente inviable dentro del actual marco legal, debido a que el solicitante no posee una sentencia condenatoria firme por esta causa ni se han acreditado causales de salud de gravedad o enfermedad terminal.
Cabe recordar que el exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo adicionalmente una condena en primera instancia de 11 años de prisión por el delito de rebelión y conspiración, tras la tentativa de quiebre del orden constitucional perpetrada durante su mensaje a la Nación en diciembre de 2022.
