La situación de la seguridad ciudadana enfrenta un escenario crítico a pocos días de la transferencia de mando presidencial. El avance de la extorsión en el Perú afecta de manera directa a diversos sectores comerciales, de transporte y artísticos.
El país registra un incremento de atentados y cobros de cupos que condicionan la rutina diaria de la población. La presidenta electa, Keiko Fujimori, asumirá el cargo el próximo 28 de julio en medio de demandas ciudadanas urgentes.
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Los gremios de transportistas, bodegueros, músicos y constructores reportan constantes amenazas contra su integridad física y patrimonial.
Recientemente, un ataque con armas de fuego contra el bus de la agrupación musical ‘Las Estrellas de la Cumbia’ dejó tres personas heridas.
Este hecho evidencia que las redes de delincuencia operan sin distinguir horarios, rubros comerciales ni zonas geográficas.
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Cifras que alarman
La medición del impacto de la delincuencia muestra notables diferencias según la institución estatal que registre los datos.
La Policía Nacional reporta un total que supera las 6,000 denuncias por cobro de cupos en lo que va del año 2026.
Sin embargo, el Ministerio Público detalla que es el doble de casos, con 12,634 denuncias en el mismo período.
Jorge Chávez Cotrina, coordinador fiscal del Crimen Organizado analizó la difícil situación que afrontar el país y lo que debe hacer el próximo gobierno de Keiko Fujimori.
“Ha llevado a la sociedad a vivir bajo el terror. Si hemos sido capaces de derrotar al terrorismo, cómo no vamos a ser capaces de derrotar a estos extorsionadores. Si hay voluntad y decisión, liderazgo y compromiso esto puede cambiar. Necesitamos liderazgo, compromiso y presupuesto”, dijo Cotrina a ‘ContraCorriente‘.
Además, agregó: “El Poder Judicial no da para más. El Ministerio público, como todo el mundo sabe, está en calidad de indigente. Nuestra Policía Nacional está abandonada. Los últimos gobiernos no le han dado la importancia a la criminalidad”.
Propuesta de seguridad
La gestión entrante de la lideresa de Fuerza Popular ha estructurado los primeros lineamientos de su plan de trabajo contra la delincuencia.
La presidenta electa detalló que la estrategia inicial contempla la ampliación de la infraestructura penitenciaria del país.
Se proyecta la edificación de al menos cuatro cárceles de gran capacidad en diferentes puntos estratégicos del territorio.
Asimismo, se planifica la creación de un penal destinado de forma exclusiva a reclusos calificados de alta peligrosidad.
