La actual diputada electa por Cajamarca, Yenifer Paredes, registra un cambio en su situación pública tras haber estado bajo investigación parlamentaria.
Ella es conocida legalmente como la cuñada del exmandatario Pedro Castillo, aunque en diversos entornos familiares se le consideraba como su hija.
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El origen de las indagaciones mediáticas y fiscales se remonta al año 2022 debido a un presunto caso de corrupción pública.
Yenifer Paredes investigada en la Comisión de Fiscalización
En aquel periodo, se difundieron imágenes donde se le observaba censando a pobladores de la localidad de Anguía.
Las actividades correspondían a la recopilación de datos para un proyecto de obras de saneamiento en la región de Cajamarca.
La controversia institucional aumentó debido a que la ciudadana no ejercía ninguna función oficial ni era servidora del Estado.
El excongresista Héctor Ventura señaló que se realizaban coordinaciones con comunidades para determinar la viabilidad de obras públicas.
Durante las sesiones de la Comisión de Fiscalización, se presentaron contradicciones entre los testimonios de los ciudadanos citados.
El empresario Hugo Espino, quien visitó el Palacio de Gobierno en reiteradas ocasiones, brindó una declaración en confesión sincera.
La confesión del empresario detalló el interés de David Paredes en ejecutar obras tras trabajar los expedientes técnicos correspondientes.
Asimismo, se mencionó en las declaraciones al exalcalde Nenil Medina y al propietario del inmueble de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez.
El testigo también refirió coordinaciones con Rudbel Oblitas Paredes para acelerar el financiamiento en el Ministerio de Transportes.
La fiscalía formuló hipótesis vinculadas a presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos contra el entorno presidencial.
De la detención preliminar al cargo en el Parlamento Nacional
El Poder Judicial dictó una medida de detención preliminar ejecutada dentro de las acciones del operativo Valkiria.
La ciudadana se entregó ante la Fiscalía de la Nación acompañada por la dirigente social Lourdes Huanca.
El procedimiento policial inicial estuvo bajo la dirección del coronel Harvey Colchado, jefe en ese momento de la Diviac.
Tras cumplir dos semanas de reclusión, una sala judicial superior revocó la medida otorgando la libertad correspondiente.
Posteriormente, la ciudadana postuló al Congreso de la República mediante la plataforma partidaria de Juntos por el Perú.
El escrutinio oficial de la votación popular determinó la obtención de más de 60,000 votos preferenciales en su región.
En el nuevo Parlamento, la diputada coincidirá con Colchado, quien ejerce una representación por la agrupación Ahora Nación.
Durante sus actividades en Chota, la investigada manifestó de forma pública ante los comuneros de la zona norandina:
“Estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada. El perfil ya está aprobado, el proyecto“.
Añadió ante los pobladores congregados en la zona la siguiente precisión sobre su labor de campo:
“Yo tengo que llevar son datos reales para que cuando venga una supervisión acá y ustedes digan que esos datos han sido recogidos de su comunidad“.
La ciudadana también expresó su conformidad con el avance de los trabajos de ingeniería civil en la localidad:
“Ha venido un equipo de nuestros compañeros y han avanzado la topografía de esta comunidad. No ha habido ningún impedimento y eso a mí me alegra“.
La defensa penal precisó que a la fecha no existe una acusación fiscal ni ciudadanos sentenciados en el caso Anguía.
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Se argumentó que la procesada cumplió con todas las reglas de conducta impuestas por las autoridades judiciales competentes.
El reporte concluye que, tras casi cuatro años de los sucesos, el expediente se mantiene en el fuero del Ministerio Público.
