El exgobernador y actual postulante Fernando Meléndez se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse un presunto esquema de manipulación informativa.
Lo que inició como propaganda en redes sociales escaló a una investigación preparatoria a nivel fiscal por el delito contra la fe pública.
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La controversia estalló en enero de 2026 cuando una página de Facebook difundió supuestos sondeos de intención de voto.
El origen de las encuestas falsas
Los gráficos mostraban a Fernando Meléndez con un 23.41% de respaldo, ubicándolo como el favorito indiscutible para la gobernación regional.
Sin embargo, el Jurado Electoral Especial de Maynas determinó la falsedad de la información propalada por la encuestadora Loreto Investigación & Datos.
El organismo electoral comprobó que la referida empresa carecía de fichas metodológicas, registros de cuestionarios y base de datos real.
Debido a estas omisiones graves, las autoridades electorales procedieron a suspender el registro de la encuestadora por un plazo de 50 días calendario.
La entidad determinó que las cifras fueron fabricadas con el objetivo de distorsionar la percepción del electorado.
Formalización de investigación penal
El caso trascendió la vía administrativa e ingresó al fuero penal bajo la conducción del fiscal Rony Ibáñez Pedroza.
El Ministerio Público dictó el inicio de la investigación preparatoria por un periodo de 120 días contra Fernando Meléndez y el regidor Joan Tello.
La tesis fiscal sostiene la presunta comisión del delito de falsedad genérica mediante el uso de recursos logísticos oficiales.
Especialistas en materia electoral indican que la resistencia a entregar las metodologías revela la inexistencia de un sustento técnico real.
Adicionalmente, informes de analistas locales estiman que el despliegue de la campaña habría requerido un financiamiento millonario.
Las indagaciones buscan esclarecer el origen de los fondos económicos que sustentan las actividades proselitistas en la región.
Repercusiones en Alianza para el Progreso
Los implicados en este proceso penal comparten filiación partidaria activa dentro de la organización Alianza para el Progreso (APP).
Ante la gravedad de las imputaciones, el vocero oficial del partido político, Elio Riera, anunció la apertura de un proceso indagatorio interno.
La agrupación evaluará eventuales medidas disciplinarias que contemplan la suspensión preventiva de los militantes involucrados.
El calendario de citaciones fiscales se fijó para los primeros días del mes de agosto, donde los imputados rendirán sus declaraciones.
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Las bases del partido liderado por César Acuña aguardan las conclusiones de los magistrados para definir la continuidad de las candidaturas.
El electorado loretano definirá en las urnas el impacto de estos cuestionamientos éticos y judiciales sobre las agrupaciones participantes.
