El congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez denunció penalmente por organización criminal a los titulares de la ONPE y del JNE en Lima, tras rechazar el escrutinio oficial al 99.71% que otorgó una ventaja de 0.23% a Fuerza Popular en las elecciones presidenciales de 2026.
El líder de Juntos por el Perú tomó esta medida radical bajo el argumento de un presunto “fraude en desarrollo”, gatillando una crisis institucional. Sin embargo, diversos juristas y el Defensor del Pueblo desmintieron las acusaciones, advirtiendo que el parlamentario podría afrontar serias consecuencias políticas y denuncias penales por los delitos de sedición y conspiración a la rebelión.
Un giro radical de Roberto Sánchez ante el avance del escrutinio
El discurso de Sánchez cambió drásticamente a medida que las actas del extranjero consolidaban la derrota de su opción política. Al alcanzar el 92% del conteo, el legislador pasó de una postura pacífica a denunciar “irregularidades con dolo”, para finalmente calificar el proceso como un fraude sistemático al llegar al 99.71%.
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Ante la escalada de tensión, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció firmemente para validar la transparencia del proceso electoral. “Nosotros habíamos hecho un conteo rápido y les puedo decir con toda honestidad: todo está bien dentro de la ONPE”, enfatizó Gutiérrez, invocando a la cordura democrática.
Advertencias jurídicas por conspiración y sedición
La ofensiva legal de Sánchez ha sido calificada por expertos electorales como una maniobra mediática y extemporánea que carece de sustento digital o documental. No obstante, las implicancias para el congresista van más allá de lo político, adentrándose en el terreno penal.
Los abogados penalistas precisaron que desconocer los resultados e incitar a la insurgencia vulnera el artículo 349 del Código Penal. La abogada Romy Chang advirtió que estas acciones configuran las modalidades de conspiración a la rebelión y sedición.
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Asimismo, se señaló que si la denuncia contra las autoridades electorales se archiva por falsedad, tanto Sánchez como los dirigentes de su partido que firmaron el documento asumirán la responsabilidad penal por denuncia calumniosa.
El abandono y silencio de sus aliados políticos
A pesar de la resistencia que intenta mostrar el parlamentario, su estrategia ha provocado un quiebre inmediato dentro de su propia coalición. Las bancadas aliadas de Obra y Ahora Nación marcaron distancia rápidamente y anunciaron que sí reconocerán el veredicto oficial del Jurado Nacional de Elecciones.
Este distanciamiento se evidenció en los pasillos del Congreso, donde figuras del bloque como Kelly Portalatino prefirieron guardar estricto silencio y evadir las preguntas de la prensa. Por su parte, la legisladora Analí Márquez descartó sumarse a la denuncia de fraude y afirmó con sumisión que esperarán el conteo al 100%.
