Mientras el país mira con recelo las Elecciones Generales 2026, una estrategia silenciosa se despliega en los pasillos del poder político y judicial.
No solo se trata de la presencia de dirigentes del Fenatep -organismo generado de Sendero Luminoso– en el Senado y en la Cámara de Diputados bajo el partido Juntos por el Perú.
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Personajes como Iber Maraví, vinculado a atentados terroristas en Ayacucho, o César Tito Rojas, activista del Movadef en Puno, representan el proyecto denominado ‘refundación del Estado’. Sin embargo, los recientes informes de inteligencia de la Dircote han encendido las alarmas en el Colegio de Abogados de Lima (CAL).
Un personaje clave en este engranaje es Doller Alipio Huamán Cutisaca, un abogado de 37 años nacido en Pasco. Actualmente, Huamán se desempeña como delegado de la orden del Colegio de Abogados de Lima. Según la Dircote, es identificado como integrante de Ratio Iuris, un organismo generado de Sendero Luminoso que tomó la posta de los denominados abogados democráticos.
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¿Quién es Doller Huamán?
El actual delegado del CAL es también adherente del Movadef, el movimiento que buscó la incursión política de la organización terrorista tras el fin de la lucha armada. Doller Huamán ha ejercido la defensa de figuras como Rocío Leandro Melgar, alias ‘camarada Cusi‘.
En este megaproceso, interpuso recursos para invalidar documentos que vinculaban a la juventud del Movadef con el ‘pensamiento Gonzalo’. Junto a su pareja, Indira Rodríguez Paredes -asesora principal de Iber Maraví en el nuevo Congreso-, fundó la Coordinadora contra el Terruqueo. A través de esta plataforma, promueven la derogación de la ley antiterrorista y la desactivación de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú.
Convenios bajo sospecha en CAL
El avance de esta estrategia registró un salto en febrero de 2026, cuando Huamán se posicionó formalmente en el CAL, obteniendo voz y voto en el gremio. La preocupación aumentó tras los acercamientos de la decana de la orden, la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, con la empresa Palestra Editores.
Delia Espinoza suscribió convenios institucionales con dicha editorial jurídica, cuyo propietario es Pedro Paulino Grández Castro. En su etapa universitaria en San Marcos, Grández fue detenido por presuntos vínculos con la organización criminal de Abimael Guzmán.
“Tuve una denuncia, que fue pública de cuando tenía 18 años. Era estudiante y me detuvo el Ejército dentro de la Universidad San Marcos. Fue una detención arbitraria. Me parece peligroso que cada vez que uno sale al público se recuerde algo de hace más de 30 años con el propósito de dañar”, indicó Grández Castro a ‘ContraCorriente’.
A pesar de los descargos, este convenio ha generado el rechazo de diversos miembros del Colegio de Abogados de Lima. Especialistas y exdirectivos de la orden señalan que las nuevas tácticas de los sectores radicales no consisten en la violencia armada, sino en el uso de herramientas e instituciones legales.
La actual estrategia de Sendero Luminoso ya no pasa por dinamitar infraestructuras o asesinar autoridades, sino por la redacción de recursos de apelación y la firma de convenios.
