La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso se convirtió en el escenario de un tenso cruce verbal que evidencia la estrategia de victimización y el sesgo político que rodea la defensa legal del expresidente Pedro Castillo. El exfiscal José Domingo Pérez, ahora abogado del exmandatario recluido en Barbadillo por el fallido golpe de Estado de 2022, intentó introducir una narrativa populista en el fuero parlamentario, la cual fue frenada en seco por el vicepresidente del grupo de trabajo, Jorge Montoya.
Al inicio de su exposición para solicitar el archivo de la Denuncia Constitucional 206, Pérez Gómez optó por la retórica ideológica antes que por los argumentos puramente jurídicos: “Me presento en representación del hijo del pueblo encarcelado. Me presento en representación del presidente Pedro Castillo Terrones”, expresó de forma desafiante.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Congreso aprobó ‘Ley de la Silla’ que favorece a un sector de trabajadores: ¿en qué consiste y qué implementarán las empresas?
La respuesta de Jorge Montoya fue inmediata y directa, poniendo freno al intento de politizar una sesión técnica de control constitucional: “Acá no hay ningún hijo del pueblo que esté acreditado, llámelo por su nombre”, sentenció de forma enérgica. Pese al intento del abogado de victimizarse preguntando si la objeción constaría en acta, el parlamentario ratificó que todo lo debatido quedará registrado.
La defensa de Domingo Pérez con tinte electoral y frenada por Montoya
Este polémico libreto de defensa no resulta aislado. José Domingo Pérez, quien recientemente confirmó su incorporación al equipo técnico del candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), parece utilizar el caso legal de Castillo como una plataforma de resonancia política. El uso del apelativo “hijo del pueblo” busca desviar la atención de la gravedad de los cargos técnicos que pesan sobre el golpista.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Antauro Humala tendrá bancada en el Congreso: ¿quiénes son sus virtuales diputados y senadores?
La Denuncia Constitucional 206 (DC 206) bajo evaluación no responde a una persecución, sino a hechos concretos: la emisión presuntamente irregular de decretos de urgencia durante el año 2021. Mediante estas normas, el gobierno de Castillo transfirió millonarios recursos a diversos ministerios saltándose la aprobación del Congreso y prescindiendo de los informes técnicos obligatorios.
Por este motivo, se imputa una presunta infracción a los artículos 77, 80 y 118 de la Constitución, en un caso que también salpica a los exprimeros ministros Guido Bellido y Mirtha Vázquez, además del extitular de Economía, Pedro Francke.
