La logística del último proceso electoral ha quedado bajo la lupa tras las recientes declaraciones de Cristian Castillo, abogado de la empresa de transportes Galaga. En entrevista con Augusto Thorndike en ‘ContraCorriente’, el letrado aclaró las competencias de su representada y lanzó duras críticas contra la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por lo que considera una gestión deficiente y una fiscalización inexistente.
Uno de los puntos más álgidos fue la difusión de imágenes que mostraban material electoral siendo trasladado en vehículos menores, como taxis y mototaxis. Castillo fue enfático al señalar que Galaga cumplió con el despliegue nacional, pero que el repliegue de actas y votos hacia las Oficinas Departamentales de Procesos Electorales (ODPE) no formaba parte de su contrato.
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“Ese traslado no lo hacemos nosotros. Lo hace la ONPE con otros transportistas. Si decidieron contratar mototaxis, es tema de ellos”, sentenció el abogado, marcando una distancia clara entre el transporte troncal a las bases y la logística local final.
El “cuello de botella” en Lurín, según abogado de Galaga
Castillo reveló que la noche previa a los comicios se vivió una situación crítica en los almacenes de Lurín. Según su testimonio, Galaga tenía 35 camiones vacíos listos para partir, pero la salida se retrasó porque el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, insistía en que los vehículos no podían abandonar el local sin los equipos de cómputo.
Esta decisión habría generado un retraso innecesario, ya que, según el abogado, se advirtió que la prioridad debía ser el material de sufragio físico. “Lo que quieren tapar es por qué no funcionaron las computadoras”, denunció Castillo, sugiriendo que la insistencia en la tecnología terminó entorpeciendo la distribución tradicional.
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El JNE bajo la lupa
Finalmente, la defensa de Galaga cuestionó el rol del JNE. A pesar de que el organismo ha iniciado acciones legales contra los actores involucrados, Castillo sostiene que el Jurado debería denunciarse a sí mismo por incumplimiento de funciones. Al ser los fiscalizadores del proceso, tenían la potestad de ordenar la salida del material sin los equipos informáticos para evitar el caos, una decisión que, según afirma, nunca llegó.
Esta controversia abre un nuevo capítulo en la investigación sobre las irregularidades electorales, trasladando la responsabilidad de la empresa privada hacia las cabezas de los organismos del sistema electoral.
