El candidato presidencial, Roberto Sánchez, se pronunció sobre la situación legal de Jhuliana Angélica Carbonel, candidata de Juntos por el Perú (JPP), tras su detención por presuntos vínculos con la organización criminal ‘Los Pulpos de La Victoria’.
Ante este escenario, el político manifestó una postura de cautela, señalando que la organización no realizará juicios sumarios, pese a la tesis de la Fiscalía.
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En sus declaraciones, subrayó la importancia de que el sistema de justicia actúe conforme a sus atribuciones, pero enfatizó que no se debe condenar de manera anticipada a la aspirante a la Cámara de Diputados antes de que se concluyan las investigaciones pertinentes.
Postura de Roberto Sánchez
Respecto a las acciones que tomará su agrupación política, Roberto Sánchez indicó que han enviado personal para obtener detalles precisos sobre los cargos imputados a Carbonel.
“Nosotros hemos mandado (personal) para saber exactamente de qué se trata porque nosotros no vamos a de ninguna manera avalar ni atropellos ni tampoco acciones ilegales“, sostuvo.
El representante de JPP afirmó que, si bien la noticia ha causado sorpresa en el partido, la candidata pudo postular debido a que no registraba impedimentos legales al momento de su inscripción.
“Nosotros no podemos ni condenar de manera anticipada, tampoco ni justificar que se realicen investigaciones necesarias respetando el debido proceso“, sostuvo.
Reiteró que la involucrada deberá someterse a las diligencias necesarias y dar cuenta de sus actos ante las autoridades.
“Yo creo que la compañera precandidata tiene que dar cuenta, someterse a la investigación“, indicó.
Asimismo, Roberto Sánchez señaló que el partido no avalará acciones ilegales ni atropellos durante el proceso.
Caso ‘Los Pulpos de La Victoria’
La organización criminal ‘Los Pulpos de La Victoria’ es investigada por el presunto cobro de cupos y la lotización de espacios públicos en el emporio comercial de Gamarra, específicamente en los sectores denominados Damero A y B.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los integrantes de esta red organizaban operativos de recuperación de espacios para posteriormente revender dichas zonas a comerciantes informales.
En este esquema, la Fiscalía sostiene que la candidata de Juntos por el Perú habría desempeñado el rol de “lugarteniente”, cumpliendo funciones relevantes dentro del sistema de cobros ilegales.
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Este caso de alta complejidad no solo involucra a la mencionada candidata, sino que también alcanza a funcionarios del área de fiscalización y al propio alcalde de La Victoria, Rubén Cano, perteneciente al partido Renovación Popular.
Las investigaciones buscan determinar el grado de responsabilidad de cada implicado en la administración de estos cobros ilícitos y la organización de la estructura criminal que operaba en una de las zonas comerciales más importantes del país.
